Los togados se confrontaron al determinar si debe estar vigente o no el criterio que ha llevado al máximo tribunal a invalidar automáticamente alrededor de 50 normas generales aprobadas sin consultar a ese sector.

Rosa Icela Rodríguez insistió que no hay una iniciativa, un documento acabado que pueda ponerse a consideración de los diputados, y que el texto se redactará a partir de todas las escuchas, audiencias de los debates y posturas de quienes participan en las audiencias.

En su intervención durante la presentación de la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia A.C., la magistrada dijo que México atraviesa una etapa de cambio profundo en la administración de justicia, que demanda no solo vocación, sino también coherencia, transparencia y rendición de cuentas.