La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó para el jueves próximo su decisión final sobre la validez de la prisión preventiva oficiosa (PPO).

Hasta el momento, la mayoría de los ministros de la ha expresado su rechazo a la propuesta de Luis María Aguilar Morales de “inaplicar” la Constitución como base para invalidar esta medida cautelar, lo que llevó al ponente a solicitar tiempo para analizar los argumentos de sus compañeros, modificar su proyecto o mantenerlo.

“La Constitución es el más importante porque es la suma de todos los entendidos sociales, el máximo pacto de armonía social, son las reglas bajo las cuales la nación mexicana, la sociedad misma, dijo que quería vivir. Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero, muy respetuosamente, que eso instauraría de facto un gobierno de jueces”, advirtió la ministra Margarita Ríos Farjat.

Por su parte, el ministro Mario Pardo Rebolledo señaló que quienes impulsaron estas acciones de inconstitucionalidad, la CNDH y senadores de minoría, ni siquiera impugnaron la Constitución, solo las leyes secundarias que incluyen a la PPO, por lo cual la SCJN no tiene bases para involucrarse en este tema.

Sin embargo, los ministros también coincidieron en que sí es posible poner reglas a la PPO, tomando como base los derechos humanos garantizados en la Constitución.

El ministro Javier Laynez Potisek señaló por ejemplo, que haber ampliado la lista de delitos a los cuales se puede aplicar la PPO “es un fraude a la Constitución”.

“Esta Corte no tiene atribuciones para expulsar norma alguna del texto constitucional, pero sí de interpretarla de la forma más favorable y funcional. Si la prisión preventiva oficiosa ya no equivale a la imposición automática de esa medida cautelar, sino que oficiosamente la decretará el juez si observa que es necesaria, no encuentro motivo de invalidez, de inconvencionalidad o inconstitucionalidad en las normas secundarias que en este apartado se propone invalidar”, explicó a su vez la ministra Ríos.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, reiteró su postura en contra de la PPO, que dijo, afecta a los más pobres y desprotegidos de la sociedad.

Ante esta situación, el ministro Aguilar tiene la opción de modificar su proyecto, retirando el tema de “inaplicar” la Constitución, o bien mantenerlo, con lo cual la votación sería en contra y el asunto tendría que ser returnado a otro ministro.