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Mario Aburto no es considerado de "alta peligrosidad": CNDH

Mario Aburto Martínez, en imagen captada el 29 de marzo de 1994, durante los dictámenes periciales. Foto 'La Jornada' / archivo
Mario Aburto Martínez, en imagen captada el 29 de marzo de 1994, durante los dictámenes periciales. Foto 'La Jornada' / archivo
09 de junio de 2022 16:27

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio en 1994, no es considerado de “alta peligrosidad”. Ello luego de que la comisionada del Sistema Penitenciario Estatal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, señaló lo anterior y dijo que el área jurídica y normativa a su cargo participó en un supuesto “litigio estratégico” para sostener la inviabilidad de recibir a la “víctima” en un penal ubicado en esta entidad.

En un comunicado, la CNDH refirió que un juez federal le negó a Aburto Martínez, “víctima de violaciones a derechos humanos reconocida en la Recomendación 48VG/2021”, el traslado del Centro Federal de Readaptación Social núm. 12 “CPS Guanajuato” al Centro de Reinserción Social “El Hongo” II, en Baja California.

Ante ello, el pasado 20 de mayo, Andrade Ramírez manifestó que el área jurídica y normativa de esa Comisión a su cargo, participó en un supuesto “litigio estratégico” para sostener la inviabilidad de recibir a la víctima, señalando además que está considerada de “alta peligrosidad”, y que Baja California no cuenta con centros penitenciarios de máxima seguridad.

Igualmente, en medios de comunicación la funcionaria dijo que se recibió “la alerta que en Tijuana ya había personas buscando contactar a quien purga desee hace 28 años”, agregando que la Persona Privada de la Libertad ha demostrado “bastante liderazgo en la cárcel”, relacionándolo con situaciones y hechos que no aclaró.

La CNDH lamentó sendas declaraciones, y las calificó de “lamentables, revictimizantes y desinformadas”, ya que Aburto Martínez no se encuentra catalogada como de “alta peligrosidad”, y con dicha manifestación “estigmatiza y conculca el derecho humano” del interno. Además, expuso que al mencionar que recibieron “alerta”, está obligada a hacer públicos los hechos que señala.

Indicó que las manifestaciones de la comisionada “enrarecen la nueva investigación en curso, y entorpecen la posibilidad de que la víctima pueda purgar su pena en lugares cercanos a su domicilio, hasta en tanto se revisa su caso”.

Frente a ello informó que giraron un extrañamiento formal a la funcionaria, por parte de la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a efecto de que haga las aclaraciones indispensables necesarias.

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