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Exigen incluir tema de mantenimiento en pesquisa de L12

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Familiares de las víctimas del colapso de la Línea 12 conmemoraron el primer aniversario de los hechos con la instalación de un altar sobre avenida Tláhuac, a la altura de la estación Olivos, el 3 de mayo de 2022. Foto Luis Castillo
31 de mayo de 2022 17:28

Ciudad de México. La defensa de los imputados de la Línea 12 del Metro pide al Poder Judicial de la Ciudad de México se posponga la audiencia programada para el 6 de junio hasta en tanto la Fiscalía General de Justicia incluya la línea de investigación de deficiencias en el mantenimiento, como se exhibe en la carpeta de investigación, como una de las causas de la tragedia registrada el 3 de mayo del año pasado, en la interestación Tezonco-Olivos.

Gabriel Regino, abogado de Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro y cinco coacusados por el colapso de la línea, acusó a la Fiscalía de no permitir que el juez tenga todos los elementos necesarios para calificar posibles responsabilidades.

“No incluyó la línea de investigación de falta de mantenimiento y de supervisión que obtuvo en sus peritajes, porque involucraría a personal de la actual administración, como la ex directora del Metro, Florencia Serranía, por lo que estamos ante un encubrimiento decidido por parte de la Fiscalía”, alertó.

La tragedia- que dejó un saldo de 26 personas muertas y 103 lesionados- debió ser evitada, porque desde años previos, “visualmente era posible observar el pandeo de la interestación, la separación de vigas y la fatiga por distorsión”, afirmó.

Señaló que, usuarios, operadores y vecinos lo reportaron a las autoridades y en diciembre de 2019, la Secretaría de Obras y Servicios, a cargo de Jesús Esteva, contrató una empresa para que drones hicieran una filmación, donde se advierte la falta de mantenimiento debida.

Consideró que, “sí las autoridades hubieran realizado las inspecciones necesarias y actuado con el mantenimiento correspondiente, la tragedia jamás hubiera ocurrido, en lo cual concluyen tanto la empresa DNV y los peritajes externos que la propia Fiscalía contrató”.

La falta de ese hallazgo impide que el juez de control tenga claridad absoluta de cómo ocurrieron los hechos, pero el ocultamiento de esa información viola los derechos humanos de víctimas e imputados para conocer la verdad de los hechos y acceder a la justicia en condiciones de igualdad, destacó.

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