Mexicali, BC. Maestros jubilados protestaron en la Fiscalía General de Baja California por la lenitud de la investigación del fraude que son víctimas de la Caja Magisterial Asociación Civil (Camac) por mil 300 millones de pesos ya que durante estos cinco años han fallecido 45 docentes a la espera de justicia y les regresen sus ahorros.

Se estima que cada trabajador de la educación invirtió en esa caja de ahorros, en promedio, 800 mil pesos que recibieron de sus finiquitos al cumplir sus años de servicio o de su jubilación.

Este miércoles, más de 200 maestros y sus familiares protestaron en la explanada de la FGE para exigir que se considere prioritario el caso del fraude millonario que realizó la Caja de Ahorros Magisterial (Camac) a través de su presidenta y cinco de sus familiares.

Con veladoras, pancartas y una estructura en forma de ataúd, los docentes se manifestaron en las instalaciones de Mexicali, en donde señalaron que son 45 maestros que invirtieron todos sus ahorros en Camac y que murieron en sin que les regresarán ni un peso de su dinero.

Recordaron que en noviembre de 2021, tras más de un lustro de la denuncia, mil 300 trabajadores de la educación de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, la Fiscalía judicializó una de las carpetas que agrupa a casi todos los afectados, pero hasta el momento el Juzgado de Control del Poder Judicial del Estado no ha fijado fecha para la audiencia inicial.

El Congreso del Estado autorizó más de 4.5 millones de pesos para contratar peritos contables que apoyaran a la FGE pues este órgano autónomo de procuración de justicia carece de personal especializado en materia contable.

El primero de marzo fue aprehendida en Tijuana la presidenta de Camac, Consuelo Dalila Carrillo, para enfrentar el delito de abuso por retención pero al día siguiente fue puesta en libertad por el Juez de Control al considerar que los quejosos le entregaron sus ahorros de manera voluntaria.

Los maestros manifestantes advirtieron que en el caso de las víctimas de Mexicali se trata de una denuncia colectiva por el delito de administración fraudulenta.