Ciudad de México. Las bajas penas por exhumar en forma ilegal un cadáver o restos humanos de un panteón y la falta de investigación por parte de las autoridades provoca que presuntos traficantes incurran en dicho delito, afirmó la concejal de Iztapalapa Olivia Garza.
El Código Penal de la Ciudad de México establece una sanción de tres meses a dos años por extraer restos de una tumba o de 30 a 90 días de multa a quien cometa estas acciones, es decir de 2 mil 886.60 a 8 mil 659.80 pesos.
Destacó que el caso del niño Tadeo destapó una problemática más amplia, pues “no sólo evidenció la existencia de un mercado negro de restos humanos, sino también un desconocimiento de este delito, por parte de las autoridades”.
El 28 de enero pasado, argumentó, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa dijo que no existían carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de Justicia por el delito de exhumación de restos.
“Ya distintos medios nos han mostrado el mercado negro de restos humanos, pero la Jefa de Gobierno dice que no hay investigaciones, esto significa que se ha estado cometiendo este delito y las autoridades ni siquiera se dan cuenta”, señaló.
Para la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Concejo de Iztapalapa, tanto las penas bajas para este delito y el desconocimiento de las autoridades en el modo de operar de los supuestos traficantes, ha provocado la comisión de este delito, sin ningún castigo.
“No existe ningún límite, ningún tipo de miedo para los delincuentes que cometen estos actos porque las autoridades no los persiguen, ni siquiera reconocen que existen, entonces pueden actuar impunemente y sin siquiera esconderse”, criticó Garza.
Consideró que la destitución del administrador del panteón San Nicolás Tolentino, donde fue exhumado el cuerpo del menor, no es suficiente, evidencia el tráfico de restos humanos y existen responsabilidades por omisión, de parte de funcionarios de la alcaldía Iztapalapa.
