Ciudad de México. Las denuncias penales que se interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por aplazar la fecha de consulta de revocación de mandato presidencial, constituyen una intimidación, así como una amenaza y “un ataque injustificado” a la autonomía y a la independencia de sus integrantes, dijo la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA).

“Cualquier actuación podría considerarse como una persecución a la autoridad electoral por la toma de sus decisiones en el ejercicio de sus atribuciones” y añadió que las instancias penales no son la vía para resolver los diferendos que pudieran existir, particularmente cuando no se advierten ilicitudes en este tema.

“Las consejeras y los consejeros han actuado y tomado decisiones en el marco de sus atribuciones y en ejercicio de la independencia y autonomía que la Constitución les otorga. El uso inquisitivo de las instancias penales y de procuración de justicia no es propio de una democracia”, comentó.

El Colegio de Abogados reiteró que “la revocación de mandato se realice bajo los estándares democráticos que caracterizan a un proceso de este tipo, especialmente el respeto a la universalidad, libertad y secrecía del voto. De no ser así se estará simulando un ejercicio en menoscabo de los derechos de la ciudadanía”.