El gobierno de la Ciudad de México se sumó a las impugnaciones a los resultados del censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que han derivado en un ajuste a la baja de las participaciones federales asignadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los gobiernos de Jalisco y del Estado de México también han impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estas reducciones, mediante sendas controversias constitucionales, esta última entidad consiguió ya una suspensión que le permite por lo pronto recibir la misma cantidad de participaciones que en 2020.

El Estado de México se quejó de que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el INEGI, muestra una disminución en su población, lo que supondría una disminución de 4 mil 328 millones anuales en sus participaciones federales.

Al otorgar la suspensión, la SCJN ordenó el nuevo reparto, que impactó en los recursos entregados al resto de las entidades del país, entre ellas la Ciudad de México, que recibió 129 millones 500 mil pesos menos, por lo que presentó su propia controversia constitucional.

Así lo explica en su demanda ante la SCJN: "La ENOE del segundo trimestre aporta una cifra que no corresponde con la realidad del Edomex, pues le otorga un elemento poblacional ficticio, favoreciéndole injustificadamente respecto del resto de las entidades federativas, a quienes se afecta de manera directa en el cálculo y determinación del segundo ajuste cuatrimestral de participaciones para 2021”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó el mes pasado a la SCJN dar atención prioritaria a estos asuntos, que se encuentran bajo el estudio del ministro Luis María Aguilar Morales.