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Sindicalistas e indígenas rechazan el estado de excepción en Ecuador

Habitantes del sur de Guayaquil observan a miembros de la Marina que realizar operaciones de seguridad, como parte del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, el 19 de octubre de 2021. Foto Afp
Habitantes del sur de Guayaquil observan a miembros de la Marina que realizar operaciones de seguridad, como parte del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, el 19 de octubre de 2021. Foto Afp
20 de octubre de 2021 09:58

Quito. Sindicalistas e indígenas rechazaron ayer el estado de excepción impuesto por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretado en medio de movilizaciones sociales y la investigación al mandatario por su vinculación con empresas offshore destapadas en los Papeles de Pandora.

VIDEO: Ecuador decreta estado de excepción ante ola de inseguridad

El estado de excepción nacional decretado por Lasso permite que las fuerzas armadas se unan a la policía en las calles de todo el país para combatir a narcotraficantes, lo que generó suspicacias y rechazo entre indígenas y sindicalistas, que convocaron a jornadas de protesta contra la política económica del gobierno y el sistemático aumento del precio de los combustibles, aunque el viceministro de Gobernabilidad. Juan Manuel Fuertes, aseguró que está garantizado el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

En un decreto emitido la noche del lunes, el mandatario dispuso durante 60 días una fuerte presencia en las calles de la policía y las fuerzas armadas con patrullajes de 24 horas para combatir con firmeza al narcotráfico, la delincuencia y la violencia generada por grupos delictivos.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, declaró a radio La Calle que hay preocupación porque el gobierno no está resolviendo los problemas económicos y sociales que están llevando a la gente a las calles, y más bien pretende aplacar la reacción de la población con una visión militar.

Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, señaló que con el estado de excepción el gobierno pretende bloquear la reacción popular a sus propuestas económicas, y lo que ha demostrado el presidente es que no hay diálogo.

Agregó que si bien los niveles de violencia e inseguridad son preocupantes, con el estado de excepción Lasso busca que el Consejo de Administración de la Asamblea Nacional (CAL) califique los dos proyectos económicos urgentes –en materia tributaria y laboral– que planea enviar el Ejecutivo al Congreso esta semana, y que luego pasen al pleno y se conviertan en leyes.

Militares patrullan las calles en Quito y Guayaquil

Durante la jornada se hizo evidente la presencia de militares en ciudades como Quito y Guayaquil, donde realizaron controles de armas y revisiones a pasajeros del transporte público y en las calles, en los sectores considerados más peligrosos.

Gremios de campesinos y agricultores protestaron el pasado lunes en cuatro provincias del país y bloquearon carreteras en demanda de precios sustentables para sus productos y en contra del alza mensual del precio de la gasolina, que en poco más de un año ha subido de 1.48 dólares por galón a 2.50.

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Las fotos fueron publicadas en un foro en línea llamado Phica -un juego de palabras con un término vulgar para referirse a la vagina en italiano- que tenía más de 700 mil suscriptores antes de cerrar el jueves, culpando a los usuarios de violar sus normas.

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En los últimos días a los audios difundidos por la prensa y entregados a la justicia, que en este caso está actuando desde el primer momento, a los que ahora se agregan los que aparecieron con la voz de Karina Milei, que son varios más y que evidentemente salieron desde adentro de la propia Casa Rosada, lo que ha creado sospechas en una duda interna que agita cada vez más al ultraderechista Partido de la Libertad avanza (LLA) y que ha generado un clima casi intolerable.

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La magistrada indicó que esta figura legal fue utilizada por el ejecutivo estadunidense de manera “ampliada”, pasando de operar contra quienes eran arrestados cerca de la frontera o poco después de cruzarla a ser aplicada contra quienes “hace mucho que llegaron a (nuestro) país”.
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