Ciudad de México. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunirá esta tarde para determinar la agenda de esta semana y definir si, como insiste Morena, mañana después de la instalación del Congreso, se discute la nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia.

Se trata de un dictamen, aprobado hace dos semanas y es uno de los temas que no se pudieron discutir en un periodo extraordinario, y que en su parte central reglamenta el proceso para destitución del Presidente, en caso de que además de traición a la patria, cometa delitos graves de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

La nueva ley, que abrogaría la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y reuniría en un solo ordenamiento el proceso de juicio político y los desafueros.

Se mantiene la posibilidad de aplicar un juicio político al Presidente, ministros de la Corte, magistrados electorales, secretarios del gabinete, al fiscal, gobernadores, fiscales o procuradores estatales y funcionarios de los órganos constitucionalmente autónomos.

En el dictamen se resalta que con la nueva ley se pretende definir los sujetos de responsabilidad política, causales y sanciones, el procedimiento de juicio político -durante el encargo y hasta un año después-, los sujetos de responsabilidad penal, el proceso para declaración de procedencia de desafuero, del proceso penal, así como para proceder penalmente contra el Presidente.