Mexicali, BC. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California (TEJA) suspendió la transferencia de la administración estatal al ayuntamiento de Ensenada y la creación del organismo operador del agua en este municipio.
Hace una semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió los trabajos de la transferencia del servicio del agua a los municipios de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito debido a una controversia constitucional presentada por los síndicos municipales.
El TEJA notificó su resolución al gobierno de Jaime Bonilla y, a su vez, este miércoles 25 de agosto se corrió traslado a la administración municipal ensenadense, del morenista Armando Ayala, sobre la suspensión de todo acto referente a la transferencia de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.
De esta manera, determinó que la operación y suministro se mantiene en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).
La noche del 4 de agosto la transferencia promovida por el gobernador Jaime Bonilla se rechazó en sesión digital del Cabildo con ocho votos en contra. Sin embargo, una vez concluida esta sesión, el alcalde Ayala convocó a otra sesión extraordinaria a la que sólo invitó a siete integrantes del cabildo donde se aprobó la transferencia por mayoría.
El 20 de agosto se presentó una queja ciudadana ante el TEJA y este miércoles se notificó la suspensión a los gobiernos estatal y municipal.
No obstante, horas después de que se oficializó la suspensión de TEJA, el alcalde Armando Ayala designó como titular del órgano operador del Agua en Ensenada a Javier Verá, subdirector municipal de Infraestructura y quien está al frente de la transferencia entre estado y ayuntamiento.
En tanto, el gobernador Bonilla designó como director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), organismo operador del Agua, al priista Eli Topete, quien como presidente de la Comisión Parlamentaria de Energía del Congreso local sesionó sin quórum y aprobó que se modificara la Ley que Suministra el Agua en Baja California para permitir la "municipalización del servicio del agua", sin que tampoco existieran estudios de factibilidad ni con representantes de los municipios como marca la reforma constitucional de diciembre de 1999.
