Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ya expresó que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una opinión sobre las elecciones de junio y no reportó incidencias graves, esta mañana el bloque opositor pidió en Washington a ese organismo emitir una resolución y una recomendación al gobierno de México sobre aquel proceso.
Los dirigentes de PAN, PRI y PRD se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien entregaron una carta donde le piden se pronuncie sobre la supuesta “intervención, consentida o pactada por el gobierno federal, del crimen organizado en las elecciones”, esto a partir de la narrativa que ha manejado el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
También, le solicitan emita una resolución respecto del “hostigamiento permanente del Ejecutivo federal al Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Y que asuma una postura sobre “el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia y persecución a los opositores del gobierno y respeto del constante ataque del gobierno a los medios de comunicación y líderes de oposición”.
El presidente ha expresado que su gobierno no permitirá una actitud injerencista por parte de la OEA. “México no es colonia ni protectorado. México es un país independiente, libre y soberano”, acotó el 20 de mayo en el contexto de la misión de ese organismo para observar las elecciones.
“Estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones. Desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía y eso ya lo saben en la OEA y lo saben en la ONU”, resaltó ese mismo día.
Incluso, el 24 de julio pasado planteó sustituir a esa instancia “por un organismo autónomo, no lacayo de nadie”, que sea “mediador” en conflictos en las naciones sobre asuntos de derechos humanos y de democracia, pero “a petición y aceptación de las partes”.
Como parte de la carta entregada a Almagro, los dirigentes del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano alegan que la postura presidencial “no representa el sentir de la nación y además nos ha puesto en el grupo de países que ponen en riesgo la democracia y las libertades en la región”.
