Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato de Aranza Ramos, quien, de acuerdo con el Frente Nacional Ni una Menos, fue privada de su libertad y luego ejecutada el pasado 15 de julio en su domicilio de Guaymas, Sonora.

En un comunicado donde manifestó su indignación y lamentó profundamente el crimen, la CNDH señaló que Aranza Ramos era víctima indirecta de la desaparición de su esposo, Bryan Omar Celaya Alvarado; razón por la que se unió a las Madres Buscadoras de Sonora en diciembre del año pasado, “con estos hechos queda una víctima indirecta más, un niño de 2 años de edad, ahora en orfandad”.

Dijo que todos ellos son víctimas, como muchos que se han tenido que organizar para buscar a sus familiares por el país, forzadas por la falta de apoyos gubernamentales, “invirtiendo sus propios recursos, desenterrando restos humanos con sus propias manos, en pie de lucha con la esperanza de encontrar a su familiar, y al mismo tiempo anhelando encontrarlo vivo y no en una de esas excavaciones”.

Indicó que las cifras oficiales son alarmantes ya que hay cerca de 80 mil personas desaparecidas y más de 4 mil fosas clandestinas documentadas, “por lo que la CNDH se une a los reclamos y exigencias de justicia de los colectivos de buscadoras, defensoras de Derechos Humanos, ciudadanas Buscadoras y Activistas, pero sobre todo, hace un enérgico llamado a las instituciones estatales y federales para que hagan su tarea, se fortalezcan las acciones de búsqueda, y se a ponga un alto a la violencia que priva a familias enteras de padres, madres, hijas e hijos, y las coloca ante la disyuntiva de tomar por sí mismas lo que las autoridades deberían hacer”.

El organismo nacional autónomo exhortó a las autoridades del estado de Sonora a realizar una investigación expedita, tomando en consideración la línea de investigación derivada de su actividad de buscadora, a fin de encontrar a los responsables “de este terrible asesinato” y que sean sancionados de acuerdo a la ley.

Pero sobre todo, solicitó la atención que requiere y se merece la familia de Aranza Ramos y la seguridad que necesitan las integrantes de Madres Buscadoras de Sonora, cuya líder Ceci Patricia Flores Armenta ha declarado que desde hace más de un mes recibieron amenazas de muerte, las cuales denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), pero no se les dio respuesta, con el resultado del asesinato que ahora estamos lamentando.

“El Estado y sus instituciones tienen la obligación de proteger y garantizar la vida de todas sus ciudadanas y ciudadanos, y su derecho a una vida libre de violencia. La Comisión reitera su compromiso de acompañamiento a las víctimas, en especial a los colectivos y familiares de buscadoras, y se declara lista para formular y apoyar mejores respuestas institucionales para proteger la seguridad y los derechos de todas las personas que se ven obligadas a realizar acciones de búsqueda en nuestro país. ¡No queremos más madres buscadoras muertas!”.