Ciudad de México. El actual coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció este lunes por videoconferencia, ante la Fiscalía General de la República (FGR), para declarar sobre el caso Nochixtlán, donde ocho personas murieron y más de cien resultaron heridas, hechos ocurridos en 19 de junio de 2016, cuando el hoy legislador se desempeñaba como secretario de Gobernación.

La agresión fue protagonizada por policías federales, estatales y municipales, que perseguían disolver una manifestación de maestros, en contra de la reforma educativa.

Fuentes ministeriales informaron que la comparecencia ocurrió a las 18:00 horas del lunes, y se realizó por videoconferencia, debido a que las restricciones sanitarias por el Covid-19 impiden la celebración de actuaciones presenciales en el edificio sede de la FGR, en Insurgentes 20.

El legislador compareció en calidad de testigo y fue interrogado sobre la actuación que tuvo en el caso, así como los reportes que recibió de los hechos, antes, durante y después de su desarrollo.

Los asesores de las víctimas también pudieron formular preguntas, respecto al nivel de responsabilidad que asumió Osorio Chong en estas acciones.

Las respuestas del funcionario forman parte de la carpeta de investigación en curso, por lo cual se mantienen en reserva.

Osorio Chong es el tercer funcionario que comparece por este caso ante el Ministerio Público Federal. Antes ya lo hicieron el ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué.

Días después de los hechos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que investigaría los hechos, y el propio Osorio Chong afirmó que había dos líneas en las pesquisas, una de las cuales señalaba que los policías habrían recibido disparos de armas de fuego, por lo que contestaron del mismo modo.

En ese entonces, la PGR sostuvo que actuaría “con responsabilidad, con el apoyo de evidencia obtenida mediante procedimientos con sustento técnico científicos”, sin embargo, a cinco años de los hechos no hay ningún funcionario de alto nivel detenido por estos hechos.