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Niegan suspensión definitiva a Agustín Sosa Castelán contra orden de captura

Instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Foto tomada del Instagram de @oficial_uaeh / Archivo
Instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Foto tomada del Instagram de @oficial_uaeh / Archivo
20 de abril de 2021 11:43

El Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Hidalgo le negó la suspensión definitiva a Saúl Agustín Sosa Castelán, secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), contra cualquier orden de captura o actos privativos de la libertad que haya librado en su contra un juez de control del primer circuito de Pachuca, a petición de la Fiscalía general de la República (FGR), o del estado de México.

El hermano de Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del patronato de la UAEH, vinculado a proceso por delincuencia organizada y en la actualidad preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, presentó el recurso el 7 de septiembre del año pasado, un día después de que enjuiciaron a su familiar.

En ese entonces el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo le concedió una suspensión provisional contra cualquier orden aprehensión y le fijó una garantía de 10 mil pesos.

Sin embargo, de acuerdo con la resolución del juez federal, le negó la protección de la justicia porque el quejoso no aclaró a qué autoridades señalaba como responsables, lo que atraso en varias ocasiones la audiencia incidental, la cual se realizó el jueves de la semana pasada.

“Se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa en contra de la autoridad responsable mencionada en el considerando único” señala el resolutivo, sin que se diera a conocer el expediente.

La madrugada del domingo 6 de septiembre de 2020, un juez de control del Centro de Justicia Penal del Altiplano, en estado de México, vinculó a proceso a Gerardo Sosa Castelán y tres coacusados por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.

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En su caso determinar las medidas, sea con policía militar o, en su caso, con un juicio civil.

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Además, el objetivo también es que no haya más evasión fiscal y que sea mucho más expedito el proceso de entrada y salida de mercancías, dijo.

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Agradecieron la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del personal diplomático que gestionó su repatriación, para que pudieran regresar a salvo a casa.
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