Bogotá. Cuarenta y tres personas quedaron lesionadas por la explosión de un coche bomba frente a la alcaldía del municipio colombiano de Corinto, departamento del Cauca (suroeste), en un ataque atribuido este sábado por el gobierno a disidencias de las FARC que se marginaron del acuerdo de paz.
"Hay 43 personas afectadas que están siendo atendidas en centros hospitalarios, 17 por aturdimiento, 20 con lesiones leves y hay 6 heridos de consideración", declaró el ministro de Defensa, Diego Molano, en la madrugada de este sábado.
Entre las víctimas del ataque ocurrido el viernes hay 13 funcionarios heridos y dos son mujeres embarazadas, indicó un responsable de la alcaldía a la AFP.
"Este atentado (...) indiscriminado contra la población civil y en este caso contra una institución pública como la alcaldía es un hecho demencial, terrorista y que es atribuible a la columna Dagoberto Ramos", de las disidencias de las FARC, añadió el ministro Molano.
El presidente Iván Duque calificó el ataque como "absurdo" y "reprochable", en su programa de televisión cotidiano.
En imágenes recogidas por la AFP, se observa un automóvil incinerado en medio la calle y las construcciones alrededor con sus ventanas y puertas rotas. Ocho casas fueron afectadas por la explosión.
Colombia desarmó al grueso de la extinta guerrilla de las FARC con la firma de un histórico acuerdo de paz en 2016. Algunos rebeldes rechazaron el pacto y se reorganizaron en diferentes grupos conocidos como disidencias.
Sin un mando unificado, en sus filas hay unos 2.500 militantes y se nutren principalmente del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales, de acuerdo con inteligencia militar.
La misión de verificación del acuerdo de paz de las Naciones Unidas rechazó el atentado y pidió garantías de seguridad en los territorios cercados un rebrote de violencia.
Aunque el desarme de los paramilitares (2006) y las FARC (2017) redujo la intensidad del conflicto, Colombia está abocada a un nuevo ciclo de violencia por cuenta de las organizaciones que se financian del narcotráfico.
En casi seis décadas de lucha interna se han reportado nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, siendo estos últimos los que componen la mayor población afectada.
