Por una votación de siete a cuatro, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó cancelar la posibilidad del registro como candidatos federales a 27 aspirantes de los cuales 25 militan en Morena y 2 en Redes Sociales Progresistas. La razón: no haber entregado el informe de gastos de precampaña o entregarlo de manera extemporánea , lo que la legislación electoral sanciona con el retiro del registro o la pérdida del derecho a hacerlo.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, Adriana Favela abogó porque 13 de los aspirantes que entregaron un informe de manera extemporánea, debería aplicarse una sanción diferente al del resto. Lo anterior, con base en el precedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2016 cuando también se había cancelado la candidatura a gobernador de David Monreal que entregó posteriormente su informe y los magistrados consideraron que esto atenuaba las consecuencias.

Sin embargo, Favela aseveró que los partidos están obligados a presentar informes de sus procesos de selección “con independencia de como le llema, consulta a la base, precamapañas, proceso interno, tómbola o encuestas”, porque es el proceso previo que establece la ley y obliga a reportar.

También, dijo, “ se imponen sanciones a los partidos políticos que en su conjunto dan 3 millones 909 mil 135 pesos y estas sanciones están, obviamente, pues, distribuidas entre los distintos partidos políticos, Morena sería el partido político más sancionado con el 78.28 por ciento de la sanción, luego el PRD, Movimiento Ciudadano después, luego PES, Redes Sociales Progresistas, PAN y el Partido Verde Ecologista de México.

Durante un largo debate en torno a la fiscalización, el consejero Ciro Murayama aseveró que la sanción puede considerarse drástica pero es la consecuencia que marca la ley. Subrayó que la legislación pretende que no haya opacidad en las campañas ni formas de tratar de darle vuelta a la ley porque entonces no sabemos de dónde saca el dinero, como gasta. Aseveró que el INE no puede legislar ni no aplicar la legislación porque eso implicaría “que se abre la puert para que l la opacidad y del manejo oscuro de recursos no tengan consecuencias legales”.

La consejera Claudia Zavala se pronunció también a favor de aplicar la ley tal como se establece para “encontrar un sentido de racionalidad en la consecuencia” de las omisiones en la entrega de los informes de gastos de campaña.