Ciudad de México. Integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano sembraron unas 2 mil semillas de cáñamo en el jardín Luis Pasteur, que se ubica afuera de las instalaciones del Senado de la República, como parte del Día Internacional del Cannabis Medicinal.

En entrevista con La Jornada, Leopoldo Rivera, de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, señaló que esta acción no violenta forma parte del activismo que realizan varios colectivos a escala nacional para que los legisladores tomen en cuenta que estamos pendientes del dictamen en la materia.

El viernes, las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron el marco legal para el consumo de mariguana con fines recreativos, comerciales e industriales, que sustituyó el dictamen aprobado en marzo pasado por uno que contiene cambios de fondo, entre ellos que la legislación no será nacional, sino federal, además de que se elimina todo lo relacionado a los usos medicinal y farmacéutico, ya que se remiten a la Ley de Salud.

Al respecto, el Movimiento Cannábico consideró que si bien varios legisladores expusieron como indispensable el respeto a los derechos de las personas usuarias de cannabis, “es notoria la reticencia en diversas argumentaciones que insisten en mantener una vigilancia exacerbada, controles y prohibiciones injustificados hacia la ciudadanía en ejercicio de sus derechos.

Durante los meses que llevamos con la de la pandemia, se señaló que el dictamen aprobado en lo general el4 de marzo era lo que se discutiría sin cambios para ser aprobado por el Congreso antes del 15 de diciembre; sin embargo, el pasado 13 de noviembre, el cuerpo senatorial y la sociedad misma llegó a la discusión con un dictamen prácticamente nuevo que empeoró las ya de por sí invasivas medidas en contra de quienes ejercemos nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad en materia de consumo y cultivo de cannabis.

Por ello, declararon, se asegurarán de que quienes los representan integren sus demandas mínimas, tal como lo expresan los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, en su defecto, expliquen los fundamentos que impiden adoptarlas.

Leopoldo Rivera reiteró que el dictamen debe considerar al menos cuatro garantías de derechos humanos: cultivo y posesión libre sin límite, espacios seguros y tolerados en igualdad, no criminalizar la posesión, así como trato digno de los consumidores; es decir, nada de registros ni padrones.