Dos empresas de uno de los corporativos que por años fue uno de los mayores proveedores de medicamentos para el gobierno mexicano fueron sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Se trata de Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Laboratorios Pisa tras comprobar que actuaron “con dolo” y presentaron información falsa para adquirir contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2017.
La sanción, que se publicó esta mañana en el Diario Oficial de la Federación, se traduce en sendas inhabilitaciones por 30 meses (dos años y medio) y multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una de estas compañías.
Desde hace más de un año, la dependencia ha venido investigando a ambas compañías, sobre todo por el tema de distribución de fármacos. Se trata de uno de los corporativos señalados por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador de “acaparar” el mercado del ramo.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseveró a través de un comunicado que la dependencia a su cargo “trabaja con transparencia y legalidad para mantener una estricta vigilancia que asegure los adecuados servicios de salud para la ciudadanía. No permitimos la impunidad ante hechos que infringen la ley en materia de compras y contrataciones públicas”.
Aseveró que “tras una minuciosa investigación, en la que se garantizó el derecho de audiencia y se contó con información de otras instituciones”, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió que las mencionadas empresas infringieron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Esto debido a que actuaron “con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el IMSS”.
La SFP corroboró que durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017, las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, “dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS”.
La sanción impuesta se deriva de un procedimiento administrativo iniciado desde 2017, a raíz de una denuncia presentada por otra empresa del sector salud ante el Órgano Interno de Control en el IMSS.
