En un comunicado, la organización señaló que los manifestantes mantenían una protesta pacífica el jueves en el punto conocido como crucero de Temó, Chilón, para expresar su oposición a que se instale un destacamento de la Guardia Nacional en ese lugar, situado en el norte de la entidad, cuando fueron desalojados por la fuerza.

Agregó que los uniformados detuvieron ilegalmente a José Luis Gutiérrez Hernández, de 46 años de edad, originario de la comunidad Bahuits Guadalupe y a César Hernández Feliciano, de 30, de San Martín Cruztón, bajo el cargo de ataques a las vías de comunicación.

El Frayba explicó que el cerco policiaco militar implementado la madrugada del jueves, en el crucero Temó, incluyó dejar incomunicada a la población, sin señal telefónica ni Internet, además de que días antes se difundieron por redes sociales diferentes mensajes con frases difamatorias y que criminalizaban a las personas convocantes.

El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, hizo un llamado al Estado mexicano para que libere inmediatamente a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano; que garantice la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres que ejercen su derecho a la libre manifestación.

Asimismo, que investigue las violaciones a derechos humanos y los delitos cometidos en contra de la población del pueblo maya tzeltal de Chilón y que respete sus derechos a la defensa de su territorio y su libre determinación como pueblos originarios.

Los indígenas que realizaron la protesta aseguraron que están rotundamente en contra de la instalación de la Guardia Nacional en nuestro municipio, porque vivimos en paz y tranquilidad y no tenemos la necesidad de que haya presencia militar en nuestro territorio.

Expresaron que en el año 1994, cuando ocurrió el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el gobierno federal instaló bases militares en diferentes comunidades pertenecientes a los pueblos originarios de Chiapas, pero dio como resultado un alto índice de asesinatos, mujeres violadas, embarazadas y abandonadas, separación de matrimonios, niños abandonados, incremento del alcoholismo, drogadicción y prostitución, así como propagación de la delincuencia organizada e inseguridad.

Advirtieron que no permitiremos la instalación de Guardia Nacional, al tiempo que exigieron la inmediata destitución del alcalde de Chilón, Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, y del presidente del comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, (cuyo nombre no dieron a conocer), por haber firmado el convenio para instalar una base policiaca a 2 kilómetros del citado ejido sin consultar a los habitantes del municipio.