Ciudad de México. Policías de Tamaulipas incurrieron en el uso ilegítimo de la fuerza al disparar “sin justificación alguna” en contra de un joven ingeniero, a quien ejecutaron extrajudicialmente en febrero pasado, violentando con ello el derecho a la vida, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al investigar el caso. Agregó que la Fiscalía del estado ha obstaculizado la investigación de los hechos.

Por ello, el organismo nacional emitió este lunes la Recomendación 29/2020 dirigida al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y al titular de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, Irving Barrios Mojica, a fin de que se llegue al fondo en las indagatorias y se garantice el apoyo a la familia de la víctima.

El pasado 7 de septiembre, el ingeniero Juan Daniel Ortiz Martínez, de 23 años, fue acribillado por policías estatales, durante una supuesta persecución a delincuentes. En sus primeras indagatorias, la CNDH contabilizó casi 300 impactos de bala en el vehículo del joven; además, había una cantidad parecida en las casas y en los carros estacionados alrededor.

Tras el análisis lógico-jurídico del conjunto de evidencias que integraron el expediente de queja, la CNDH contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos a la vida y seguridad jurídica de la víctima, por parte de la policía estatal; así como al derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, por obstaculizar la función de investigación del hecho, atribuible a la Fiscalía estatal.

Por ello, se solicita al gobernador girar instrucciones para que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas brinde a las víctimas indirectas la reparación integral por los daños causados e incluya una compensación justa y suficiente; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la CNDH presentará ante la Fiscalía; que ofrezca una disculpa pública a los familiares; entre otras.

Mientras que al fiscal se le recomendó realizar las diligencias necesarias para perfeccionar la carpeta de investigación con la finalidad de que se conozca la verdad de los hechos y se establezca la responsabilidad de los servidores públicos participantes en los acontecimientos.