Ciudad de México. Ante la proliferación de 18 gaseras clandestinas y de pipas de gas que surten el combustible de manera ilegal en la Ciudad de México y Toluca, la Organización de Pipas, Portatileros de Gas LP y Transporte en General (AGUM) anunció la interposición de denuncias en las Fiscalías Generales de Justicia capitalina y mexiquense, y comenzó una serie de protestas. 

La primera movilización fue frente al Palacio del Ayuntamiento de Toluca, localidad donde más gaseras se instalaron durante la pandemia de coronavirus, principalmente de Grupo Imperial, pero se extenderá a la capital del país, señalo Juan José Díaz. 

El líder de la AGUM alertó que la proliferación de estaciones de gas y el que haya pipas surtiendo sin medidas de seguridad en la Ciudad de México y Toluca, “representa un riesgo para la población y claros actos de corrupción”. 

Dichas estaciones, aseguró, pertenecen a Grupo Imperial, que encabeza Ramón Miranda, por lo que integran toda la documentación para acudir ante las fiscalías generales del estado de México, de la Ciudad de México y de la República. 

Aseguró que, “existe complicidad con las autoridades en su instalación” y acusó “alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez y al Coordinador de Protección Civil Estatal, Luis Felipe Puente, de estar detrás, por lo que vamos a acudir a la FGR”. 

Su presencia en la ciudad de México, afirmó, es visible en las zonas limítrofes de Tlalpan y Xochimilco, donde “encuentran cualquier terreno baldío y en días ya están montadas las estaciones, con el riesgo que representa para la población. 

Georgina Rosales, abogada de AGUM, narró que en la Ciudad de México las pipas llegan se estacionan y comienzan a cargar el gas a las unidades, y “ello proliferó durante la etapa más fuerte de coronavirus y para no ser detectados cambian constantemente de ubicación”. 

Mientras, en el estado de México se ubican en las calles de Fidel Negrete, Primera Privada de Independencia, Miguel Hidalgo y en Boulevard Aeropuerto, colonias Buenaventura, Calixtlaghuaca, San Marcos Yachihuacaltepec y San José Otzacatipan, respectivamente. 

La nula respuesta de las autoridades “nos ha llevado a actuar de manera judicial, por lo que interpondremos las denuncias correspondientes en la capital del estado, la entidad mexiquense y la FGR, ante la intimidación también de los agremiados, para que no alcen la voz”, señaló.