Ciudad de México. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) le solicitó a las y los diputados que citen a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, para que “rinda cuentas” sobre los recortes presupuestarios ordenados por el Ejecutivo federal a los programas dirigidos a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres.

En un comunicado, la organización explicó que esta petición formulada a los legisladores surgió luego de que Andrés Manuel López Obrador anunciara un recorte presupuestal al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) por 151 millones de pesos.

Tal decisión es contraria a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que “no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, comentó.

“Por si fuera poco, el Ejecutivo federal pasó por alto las facultades que tiene en este caso la Cámara de Diputados, pues la citada ley precisa que cualquier cambio en el ejercicio del presupuesto debe ser aprobado por las y los diputados”, mencionó Amnistía Internacional.

El llamado del organismo de derechos humanos puede ser firmado por cualquier persona interesada, y cuando ello ocurre, los 500 diputados federales reciben de manera automática en su correo electrónico un mensaje con las exigencias de ejercer su facultad de vigilancia, llamar a comparecer a Herrera y posicionarse públicamente para que no se reduzca el presupuesto para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La reducción al presupuesto del Inmujeres se dio luego de que el 23 de abril de 2020, fuera publicado un decreto sobre medidas de austeridad presupuestaria ante la pandemia de Covid-19, “que ha provocado reducciones del presupuesto para instituciones y programas que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo AI.

Entre dichas bajas presupuestales se encuentran las de las Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs) y la de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para implementar las recomendaciones de las Alertas de Violencia de Género, intentos que lograron revertirse “gracias a la acción ciudadana”, recordó.

Asimismo, AI recalcó que estas decisiones “afectan de manera importante la atención a mujeres víctimas de las violencias e ignoran lo establecido en el artículo 58, párrafos 4° y 5°, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.

En el cuarto párrafo, se establece que “cuando las adecuaciones presupuestarias [entre ellas el recorte de presupuesto] representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones”.

Mientras tanto, el quinto párrafo de la ley referida “es muy claro en el señalamiento sobre la intervención de la Cámara de Diputados, al establecer: “No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados”.