Guadalajara. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) le pidió a Gerardo Octavio Solís, titular de la Fiscalía General de la entidad, que separe de su cargo a los funcionarios que incurrieron en “graves violaciones” durante la detención y desapariciones forzadas en las protestas por el asesinato de Giovanni López.
Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ, dijo que sería importante que también renuncie el fiscal General, ya que de lo contrario habrá conflicto de intereses al hacerse la investigación.
Por su parte, el Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias criticó la actuación del gobierno de Jalisco, en una conferencia virtual (hackeada durante varios minutos) en la que coincidieron con que el fiscal Solís -con numerosas recomendaciones por casos de tortura contra altermundistas cuando fue procurador de Jalisco en 2004- tiene que salir del puesto.
Los integrantes del Observatorio coincidieron que desde que en abril Alfaro implementó una política de “cero tolerancia” contra quien no utilizara cubrebocas en las calles, se dio acción libre para que ocurrieran actos policiales violatorios de los derechos humanos.
María González Valencia, del Instituto para el Desarrollo Comunitario, destacó la criminalización de la protesta a cargo de Alfaro durante una entrevista que el domingo le realizó el canal local de Televisa, en la cual el gobernador insistió sobre la presencia de intereses oscuros que estaban utilizando las manifestaciones para desestabilizar al estado.
“El gobierno está obligado a reconstruir todo su gabinete de seguridad, a destituir al fiscal (Solís) y también a destituir a su secretario de Seguridad Pública (Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano) y sancionar a los policías y agentes ministeriales vestidos de civil que participaron en estos graves operativos”, dijo.
También incluyó señalamientos para destituir a Solís de parte de diputados de Morena y de investigar e ir a fondo en lo ocurrido por parte del resto de bancadas, se esperaba que este lunes el gobierno estatal diera respuesta a cada uno de los 12 puntos en las recomendaciones que por el caso de Giovanni y las manifestaciones hizo la oficina del Alto Comisionado en México de la ONU.
