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El 11 de mayo, SCJN analizará recursos contra "Ley Bonilla"

"Ley Bonilla" se conoce a las reformas a la constitución de Baja California, mediante las cuales el actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez (en la imagen) pretende alargar su mandato de dos a cinco años. Foto Cuartoscuro / archivo
"Ley Bonilla" se conoce a las reformas a la constitución de Baja California, mediante las cuales el actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez (en la imagen) pretende alargar su mandato de dos a cinco años. Foto Cuartoscuro / archivo
07 de mayo de 2020 14:31

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, confirmó que el próximo lunes 11 de mayo el pleno de ministros analizará las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la Ley Bonilla, como se conoce a las reformas a la constitución de Baja California, mediante las cuales el actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez, pretende alargar su mandato de dos a cinco años. 

Al terminar la sesión de este jueves, Zaldívar convocó a la siguiente para el lunes próximo, anunciando: “sesión en la cual se discutirá la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y acumuladas, caso comúnmente conocido cono Ley Bonilla.” 

Se trata de las acciones de inconstitucionalidad 112/2019, 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019, 120/2019 , promovidas respectivamente por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Partido de Baja California, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El proyecto de resolución, presentado por el ministro Fernando Franco González Salas, propone declarar inválida la Ley Bonilla por ser contraria a la constitución federal y atentar contra los principios democráticos. 

Explica que el mandato popular que recibió Bonilla Valdez fue para ejercer el gobierno por únicamente dos años, y prolongarlo sin un proceso electoral de por medio es inconstitucional. 

Por ser una norma ya vigente, es decir, que fue aprobada por el congreso estatal y promulgada, la SCJN requiere por disposición constitucional una mayoría calificada, de cuando menos ocho votos, para poder invalidar la Ley Bonilla.

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