Ciudad de México. A raíz del avance de los contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en el país, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se han presentado desde el 19 de marzo hasta ayer, 14 quejas, la mayoría de ellas por hechos ocurridos en la Ciudad de México.

Según un reporte proporcionado a La Jornada, los principales hechos denunciados son insultos, amenazas o maltratos, obligación de trabajar en riesgo sin condiciones adecuadas, divulgación pública de información clínica en medios o redes sociales, inobservancia de medidas de contención, hostigamiento laboral, acoso vecinal, despido y expresiones discriminatorias.

El Conapred detalla que ha brindado “dos orientaciones sobre qué podían hacer dos trabajadoras de la salud en institutos públicos locales: en un caso, hostigamiento laboral a una enfermera cuyo hijo está hospitalizado como probable portador de COVID-19, y en otro, su esposo trabaja en el mismo instituto tiene diabetes y no se la han dado facilidades para trabajar a distancia. Ambos casos se remitieron a las Comisiones de Derechos Humanos de la CDMX y el Edomex, respectivamente”.

En las quejas los imputables son seis servidores públicos, ocho particulares, cuatro empresas, una escuela, un condominio residencial, un centros de asistencia social y un banco.

Entre las medidas implementadas para la atención de la queja, están el envío de oficios de prevención y/o colaboración a los responsables, se dictaron medidas cautelares, cuando se trató de servidores públicos se dio vista a los Organos Internos de Control, se orientó a los peticionarios a otras instancias competentes y se hicieron gestiones con otras autoridades o instancias públicas.

Cabe recordar que el Conapred ha hecho llamados “enérgicos” a la población a no realizar amenazas o actos de violencia en contra el personal de salud o instalaciones hospitalarias.

La instancia ha recibido información sobre amenazas de actos de violencia en contra unidades de salud y de personal médico en donde se atienden a personas diagnosticadas con COVID-19.

Destacó que “dañar o destruir las clínicas y hospitales puede constituir un delito y niega el acceso a la atención médica de las personas” y recordó que “todas las personas tienen derecho a acceder a la salud independientemente del padecimiento o condición médica”.