Ciudad de México. Los diputados federales del PRI presentarán su agenda legislativa para el cuarto periodo ordinario de sesiones –a iniciar el primero de febrero próximo-, en la cual incluirán reformas “para garantizar” el modelo democrático, establecer la obligatoriedad del voto electrónico, y la ampliación de facultades al Instituto Nacional Electoral (INE) a presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de normas generales, federales o locales que “atenten los principios democráticos”.

Entre el jueves y viernes de esta semana, los priístas se reunirán en un tradicional restaurante de Polanco, donde darán a conocer su agenda legislativa, que también contempla una proposición de nuevo modelo de comunicación política y de acción electoral:

Revisión del acceso a radio y televisión de los partidos políticos durante las campañas (compra de espacios a precios preferentes); desregularización de propaganda (manteniendo en sus términos la gubernamental); modelo más ágil para los debates entre candidatos; disminución de firmas para obtener una candidatura independiente a mexicanas y mexicanos de origen indígena o afro mexicana.

Los representantes del Revolucionario Institucional contemplan, en sus propuestas “frenar la inseguridad y ponerle alto al populismo penal”.

Eliminar el arraigo y desaparecer gradualmente la prisión preventiva oficiosa; combate al cobro de derecho de piso y a la extorsión telefónica.

En ese terreno, uno de los temas prioritarios es la modificación del Código Penal Federal para prevenir y sancionar la desaparición de los niños; enfrentar el robo de identidad y los fraudes contra los usuarios de servicios financieros; prevenir y castigar los diversos tipos de violencia en contra de las mujeres, y reformas para regular las llamadas y mensajes publicitarios.

Resulta tan ambicioso el listado de temas incluidos de la agenda legislativa de los priístas que ahora pretenden la integración de un seguro de desempleo y la garantía de pensión universal; garantizar el abasto de medicamentos en instituciones públicas y el correcto funcionamiento del INSABI en beneficio de las y los mexicanos enfermos, y la aplicación de un sistema de cobertura universal que garantice el cuidado de niños (guarderías y estancias infantiles), enfermos y adultos mayores (economía del cuidado).

En su capitulado, el PRI en San Lázaro, también pretende engrosar las partidas federales a los gobiernos de los estados a través de lo que denominan nuevo federalismo fiscal para asignar 5 por ciento más de recursos (participaciones, ramo 28 y aportaciones, ramo 33) a las entidades federativas.

Y a pesar de que el gobierno federal documento los desvíos multimillonarios de recursos públicos al extinto Fondo de Promoción Turística, los priístas pretenden reactivarlo.