Ciudad de México. Una juez de control con sede en el Reclusorio Oriente modificó la medida cautelar de prisión preventiva por libertad provisional a Blanca Alicia Bernal Castilla, ex agente del Ministerio Público Federal. Las autoridades la acusan por la desaparición forzada de personas, tortura, delitos contra la salud y falsificación de documentos agravados, relacionados con el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con fuentes judiciales, ayer miércoles se llevó a cabo la audiencia donde la Jueza Alejandra Domínguez Santos, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, declaró fundada la solicitud de la defensa de cese de prisión preventiva justificada y estimó procedente la sustitución de dicha medida cautelar, debido a que no existe riesgo de fuga.
Le impuso como medidas cautelares la colocación de un brazalete electrónico, no salir de la Ciudad de México y presentarse a firmar cada mes ante de la Unidad de Medidas Cautelares. Una vez que concluyan los requisitos, podrá abandonará el penal el femenil de Santa Martha Acatitla, donde permaneció recluida.
Bernal Castilla, estuvo adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y participó en la indagatoria del caso Iguala.
Fue detenida en septiembre de 2020 y fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de tortura, así como contra la administración de la justicia y por contravenir el artículo 28 de la Ley de Desaparición Forzada, por ello ese mismo mes fue vinculada a proceso.
Según las indagatorias, la ex funcionaria intervino en las diligencias contra Érick Uriel Sandoval Rodríguez, alias La Rana, señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, organización vinculada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Asimismo, la ex funcionaria supuestamente participó en el traslado ilegal de Agustín García Reyes El Chereje, señalado como integrante de los Guerreros Unidos y presuntamente involucrado en el homicidio y desaparición de los 43 normalistas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) al río San Juan y posteriormente al basurero de Cocula, Guerrero, donde declaró que fue torturado y obligado a confesar cómo asesinaron y cremaron a los normalistas para aventar sus restos en el basurero.
