El caso presentado por los fiscales de una veintena de estados busca impedir que el Departamento de Justicia imponga condiciones que congelen fondos a los estados que se nieguen a aplicar la política migratoria de la administración Trump.

La mayoría lleva meses en procesos en busca de papeles ante la Comar y el INM, pero les dan respuestas negativas a sus peticiones.