Rhode Island. Una coalición de fiscales generales de 20 estados y Washington, D.C, demandaron antier al gobierno de Donald Trump por “condicionar indebidamente” cientos de millones de dólares destinados a ayudar a las víctimas de crímenes a cambio de que los estados cooperen “obligatoriamente” con los esfuerzos federales de control migratorio.

La acción legal se produjo mientras las administración Trump intensifica su ofensiva antimigrante, tras anunciar que buscará opiniones "antiestadunidenses", incluso en los perfiles de redes sociales, para decidir si una persona tiene derecho o no a vivir en Estados Unidos.

Al cierre de edición la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, anunció que el nuevo muro fronterizo será pintado de negro. Para que el sol lo caliente y sea “más difícil de escalar”, como lo ordenó Trump, en el marco de su estrategia para fortalecer la seguridad fronteriza.

El caso presentado por los fiscales de una veintena de estados —entre estos California, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island— liderados por demócratas, busca impedir que el Departamento de Justicia imponga condiciones que congelen fondos a los estados que se nieguen a aplicar la política migratoria impulsada por la administración Trump, al afirmar que están excediendo su autoridad constitucional y administrativa.

Niega a las autoridades migratorias el acceso a instalaciones, y no proporciona aviso previo de la liberación de individuos que puedan ser perseguidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su estatus migratorio.

Las condiciones fueron impuestas bajo una política anunciada por la fiscal general, Pam Bondi, que requiere que el Departamento de Justicia garantice que los fondos federales no fluyan a las jurisdicciones que no cooperen con el ICE.

La demanda argumentó que las condiciones no se especifican en la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA), que proporciona más de mil millones de dólares anuales a los estados para programas de compensación a las víctimas, y benefician a cerca de 10 millones de personas al año.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, advirtió que su ciudad “no dará marcha atrás en lo que somos y lo que representamos” en respuesta a la fecha límite de la administración Trump para cumplir con la ley federal de inmigración, que venció ayer.

Buscan erradicar ideologías “antiestadunidenses”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), encargado de aprobar las solicitudes de residencia o ciudadanía, anunció que ampliará la verificación de las publicaciones de los solicitantes en sus redes sociales.

El portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, aseguró que no se debe otorgar ningún tipo de beneficio a quienes “desprecian” al país y promueven ideologías antiestadunidenses, y que remarcó que vivir y trabajar en Estados Unidos “es un privilegio, no un derecho”.

En tanto, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, exigió al presidente de la cadena Home Depot, implementar una política corporativa que niegue el acceso sus instalaciones a agentes del ICE sin una orden judicial, reportó Los Angeles Times.

Mientras que la organización de defensa de los migrantes Unión del Barrio está capacitando a los maestros sobre cómo intervenir e interactuar con los agentes que intenten arrestar a estudiantes o a sus padres cerca de las escuelas, informó Borderreport.

Al cierre de edición la secretaria de Seguridad. Kristi Noem, anunció que el nuevo muro fronterizo será pintado de negro. Para que el sol lo caliente y sea “más difícil de escalar”, como lo ordenó Trump, como parte de un plan para fortalecer la seguridad fronteriza.