Los inconformes exigieron que la Fiscalía General del Estado actúe con apego a la ley y no permita que la iglesia católica intervenga para defender al cura que actualmente se encuentra detenido.

Las pruebas ofrecidas por el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos de la FGJ-CDMX demostraron la plena responsabilidad del sentenciado.