El Indep es el liquidador y atenderá todo el proceso, que en principio se enfocará en los salarios y prestaciones que deberán calcularse desde el 21 de febrero de 2020.
“Exigimos el derecho al trabajo o el pago de una liquidación justa y si no hay respuesta por parte del gobierno del estado recurriremos a un proceso judicial”, indicó Barajas.
El abogado de un grupo de trabajadores indicó que en caso de insuficiencia financiera, ley señala que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben asumir el pago de pensiones.
