Bruselas. Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes un endurecimiento de sus normas migratorias que permitirán la creación de "centros de retorno" fuera del bloque, en un contexto de auge de la derecha y la extrema derecha.

Las medidas, presentadas inicialmente por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, buscan endurecer el control de las llegadas y las expulsiones de migrantes.

Reunidos este lunes en Bruselas, los ministros del Interior de los 27 Estados miembros dieron el primer paso para aprobarlas, pero antes de entrar en vigor deberán ser ratificadas por el Parlamento Europeo.

Además de la apertura de centros fuera de las fronteras de la UE donde se enviaría a los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, el paquete contempla sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo.

A esto se suma la posibilidad de enviar a los migrantes a países que no sean sus naciones de origen, pero que Europa considere "seguros".

La caída de las entradas irregulares en Europa - 20 por ciento menos respecto al año anterior- no ha reducido la presión sobre los gobiernos para actuar sobre un asunto políticamente explosivo. Todo lo contrario.

"Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo", subrayó este lunes el comisario europeo Magnus Brunner, artífice de este giro restrictivo en la política migratoria del Viejo Continente.

España y Francia escépticos

La izquierda y las organizaciones que defienden a los exiliados denuncian que se trata de medidas que vulneran los derechos humanos.

"En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica", advirtió Silvia Carta, de PICUM, una ONG que trabaja en la defensa de los migrantes en situación irregular.

Bajo el impulso de Dinamarca, que ejerce la presidencia rotatoria de la UE y lleva tiempo defendiendo estas medidas, los Estados miembros avanzan con determinación.

"Estamos avanzando rápidamente", declaró un diplomático europeo, que habló al igual que otros bajo condición de anonimato. Según él existe una "voluntad política ampliamente compartida" entre los Veintisiete.

Sin embargo, persisten las dudas en algunos países del bloque.

España no cree que los "centros de retorno" sean efectivos, después de varios ensayos fallidos en otros países, mientras que Francia cuestiona la legalidad y eficacia de ciertas propuestas.

Esta posición resulta, sin embargo, cada vez más "difícil de mantener", dada la fuerte presión ejercida por algunos países, aseguró el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Estas medidas cuentan además con el respaldo de los diputados de derecha y extrema derecha, que pactaron una alianza en el Parlamento europeo la semana pasada.

Varios eurodiputados y dirigentes abogan por una adopción final a inicios del próximo año.

20 mil euros por solicitante de asilo

Los Veintisiete alcanzaron también un acuerdo sobre un nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo en Europa.

Con el fin de aliviar la carga de los países situados en las principales rutas migratorias, como Grecia e Italia, la Unión Europea exigirá próximamente que los demás Estados miembros acojan en su territorio a solicitantes de asilo. Caso contrario, deberán aportar una contribución financiera de 20 mil euros (unos 23 mil dólares) por cada solicitante a los países que soportan mayor presión.

Los países de la UE negociaron durante varias semanas sobre la manera de implementar este sistema, que entrará en vigor el próximo junio.

El debate sobre este tema ha sido especialmente complejo, pues son pocos los países dispuestos a recibir solicitantes de asilo de otros socios europeos.

"Son pocos los ministros del Interior que estarán dispuestos a decir ante la prensa: 'De acuerdo, acogeremos a 30 mil'", predijo un funcionario europeo bajo condición de anonimato.

La distribución exacta decidida por los Veintisiete el lunes es confidencial.