San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigieron al poder judicial de Chiapas revertir “las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y ordenar la liberación inmediata” del hondureño, Osmán Iván Rubio Bonilla, “sobreviviente de tortura, acusado injustamente en tres expedientes por la Fiscalía General del Estado (FGE)”.

En un comunicado conjunto dijeron que el centroamericano fue absuelto del delito de homicidio el pasado 4 de noviembre, tras 14 años y 6 meses “de resistencia incansable, pero continúa privado de su libertad en el penal de Tapachula” por otras carpetas de investigación.

“Osmán Iván fue detenido el 2 de mayo de 2011 en Huixtla, Chiapas, en un operativo realizado por agentes de las policías municipal, estatal Preventiva y estatal Fronteriza, sin orden de aprehensión y bajo circunstancias que constituyen detención arbitraria y tortura”, afirmaron.

Manifestaron que “de acuerdo con su testimonio, durante la detención fue vendado, amarrado, golpeado, asfixiado con agua, sometido a descargas eléctricas, privación sensorial y agresiones físicas y psicológicas, hasta ser obligado a autoinculparse en diversos delitos”.

Añadieron que “estas agresiones fueron documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que registró lesiones compatibles con tortura y emitió en 2020 la Recomendación 013/2020-R, rechazada por la FGE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC)”.

El Frayba y la OMCT aseguraron que “los tres procesos penales en su contra derivan de declaraciones obtenidas bajo coacción: Privación Ilegal de la libertad en grado de tentativa y delincuencia organizada (causa penal 177/2023): permanece en etapa de instrucción desde hace más de 13 años, sin que el Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula le dicte sentencia; homicidio calificado (causa penal 423/2023): sentencia dictada en 2023 con base en confesiones ministeriales y testimonios que no lo identifican; revocada en 2024 para investigar la tortura denunciada; el 4 de noviembre de 2025 fue finalmente absuelto. Además, portación de arma de fuego sin licencia: causa federal en la que fue absuelto en 2014”.

Señalaron que “la documentación del Frayba revela irregularidades sistemáticas: Fabricación de pruebas, contradicciones en partes policiales, peritajes manipulados y actuaciones ministeriales que ignoraron denuncias tempranas de tortura. La CEDH constató que la detención no ocurrió en el lugar de los hechos del supuesto secuestro y que no existió identificación directa por parte del denunciante, descartando la flagrancia invocada por las autoridades”.

Tras casi 15 años de prisión, añadieron las agrupaciones, “Osmán Iván enfrenta un proceso marcado por violaciones al debido proceso, racismo, ausencia de asistencia consular, falta de investigación efectiva y dilaciones injustificadas, que lo mantienen en una prisión preventiva prolongada contraria a los estándares internacionales”.

Subrayaron: “Ante esta impunidad sostenida por el Estado mexicano, el Frayba y la OMCT presentaron en agosto de 2024 una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, registrada en abril de 2025 bajo el número 4740/2025, aún pendiente de resolución”.

Hicieron un “llamado urgente a las autoridades de los gobiernos estatal y federal para que garanticen una investigación exhaustiva e imparcial sobre la tortura denunciada, Además, exigimos garantizar el acceso a la justicia y reparar las violaciones cometidas en agravio de Osman Iván Rubio Bonilla, empezando con su liberación incondicional”.

El caso del hondureño, concluyeron, “es un símbolo de la violencia institucional y del racismo que atraviesa el sistema de justicia en México. Su libertad no es una concesión: es un derecho arrebatado por la tortura y la arbitrariedad. Cada día que permanece encarcelado prolonga la injusticia y la impunidad. Exigimos su liberación inmediata e incondicional. La dignidad de Osmán Iván, y la de todas las personas sobrevivientes de tortura y detención arbitraria, no puede seguir esperando”.