Guadalajara, Jal. Durante diez años desde 2015, cuando emplazaron a juicio agrario, los comuneros de San Lorenzo Azqueltan, en el municipio de Villa Guerrero al norte de Jalisco, han sufrido agresiones de todo tipo que culminaron con el homicidio el miércoles 26 de noviembre del representante agrario de esa comunidad compuesta por tepehuanos y wixaritari, Marcos Aguilar Rojas.

En los hechos también resultó herido su hermano, Gabriel, quien quedó fracturado de una pierna y recibió un disparo de arma de arma de fuego en esa misma extremidad, por lo que luego de un peregrinar por hospitales de la región norte en Villa Guerrero y Colotlán, 24 horas después de ser lesionado fue trasladado la tarde de este jueves en helicóptero al Hospital General de Occidente, en Zapopan, donde también su atención médica ha sido muy precaria, según denuncian sus familiares.

Un testigo, sobrino de ambas víctimas, dijo que los agresores fueron los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, además de Víctor Hugo Pérez. Al parecer también una mujer estuvo involucrada en la disputa del predio El Caracol, pero no ha sido confirmado.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dijo que investigan lo ocurrido y “al parecer” se derivó de “una discusión por problemas de terrenos”.

Pero la Fiscalía del Estado, en su sede regional, está bien enterada del caso desde hace tiempo e intervino un par de semanas atrás en lo que los indígenas calificaron de “despojo” del predio El Caracol, que se encuentra dentro del territorio ancestral indígena, el cual fue cercado con piedra y entregado a los mestizos que según las autoridades son dueños de ese terreno.

La comunidad presentó una demanda de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales en febrero de 2015 ante el Tribunal Agrario del Distrito XVI de Guadalajara, en busca de reivindicar la posesión de 38 mil 240 hectáreas, pero sólo recientemente inició el juicio agrario ya que según el abogado Rubén Ávila, en ese territorio existen múltiples predios que supuestamente son de particulares, a quienes se citará para deslindar la propiedad.

Eso ha desatado una respuesta bélica por parte de los posesionarios desde entonces. Las agresiones en contra de los comuneros han incluido homicidios, desapariciones, torturas, amenazas, privaciones de la libertad y golpizas. 

Se han registrado ataques armados e intentos de homicidio, como el que sufrieron Noé Aguilar Rojas (expresidente del Comisariado de Bienes Comunales), Ricardo de la Cruz González y Rafael Reyes Márquez en noviembre de 2019.

Los autores de las agresiones, plenamente identificados en diversas denuncias penales, actuaron con impunidad. Entre ellos se identificó a Fabio Ernesto Flores Sánchez, alias “La Polla,” junto a sus grupos de choque. 

Sus empleados, como Manuel de Jesús Aguilar Herrera, realizaron ataques directos contra líderes comunales. La comunidad también denunció la intromisión ilegal del entonces director de Seguridad Pública de Villa Guerrero, Salvador González Ortega, en los asuntos territoriales, defendiendo intereses particulares.

También la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió un pronunciamiento en diciembre de 2021 dirigido a la Secretaría General de Gobierno y al ayuntamiento de Villa Guerrero debido a la “situación y agudización de la violencia”.

La CEDHJ informó que, a raíz del conflicto agrario, existían 32 carpetas de investigación por delitos como despojo, daño a las cosas, disparos de arma de fuego y tentativa de homicidio, por lo que recomendó que se reconociera el derecho de Azqueltan y de todos los pueblos indígenas a su territorio.

También la defensoría social pidió que se investigaran los hechos delictivos derivados de conflictos agrarios para que ninguno quedara impune y se garantizara la reparación del daño a las víctimas, además de instruir a la Dirección de Asuntos Agrarios para que se abstuviera de intervenir en la emisión de nuevos títulos de propiedad dentro de la superficie de 38 mil 240 hectáreas en trámite.

Pese a esta recomendación, el seguimiento por parte de las autoridades locales y estatales fue nulo; la solicitud de investigación y solución a la impunidad no ha sucedido hasta la fecha. 

En realidad el territorio indígena, amparado en un título virreinal que data del siglo 18, debería ser de 94 mil 400 hectáreas, pero la demanda de reconocimiento y titulación sólo reclama 38 mil 240 hectáreas, pese a lo cual no ha podido evitar la violencia cada ocasión más intensa.