La buena, que México es el país de América Latina y el Caribe en el que más se redujeron pobreza y pobreza extrema durante la última década; la mala, que 10 por ciento de la población con mayores ingresos concentra una tercera parte del ingreso nacional, mientras el 10 por ciento más pobre a duras penas se queda con 2 por ciento (a 40 por ciento de la población de menores ingresos le corresponde 15.3 por ciento), aunque la desigualdad podría ser mayor “si se toman en cuenta registros tributarios y cuentas nacionales” ( La Jornada, Dora Villanueva), de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El organismo especializado de la ONU divulgó ayer su Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, del que se toman los siguientes pasajes: Colombia (con 43.9 por ciento para el decil más rico y 0.9 por ciento para el más pobre) es el país regional con mayor concentración del ingreso. México ocupa el peldaño número 9 entre las 16 naciones analizadas y Uruguay el último, aunque en ninguno de los casos dicha concentración es menor a 30 por ciento para la población más pudiente.
La desigualdad del ingreso en América Latina y el Caribe es una de las brechas estructurales más persistentes. Se trata de un fenómeno que refleja no sólo diferencias en la capacidad de generación de ingresos de las personas, sino también la histórica concentración del capital y de las oportunidades de desarrollo en manos de una minoría. En esencia, la desigualdad del ingreso se refiere a la magnitud de la diferencia entre los ingresos que perciben los segmentos más pobres de la población y los que se concentran en los estratos más ricos. No cabe duda de que la magnitud de la desigualdad en la región es particularmente alta: América Latina y el Caribe tiene un índice de Gini promedio que es inferior sólo al de los países de África Subsahariana, y algunos de sus países presentan los índices de desigualdad más altos a escala mundial.
Las sociedades con altos niveles de desigualdad tienden a desaprovechar el potencial productivo de grandes segmentos de la población, lo que se traduce en economías menos dinámicas e innovadoras. A su vez, la desigualdad excesiva debilita la cohesión social y la estabilidad, al percibirse como una situación injusta; reduce la eficiencia económica, al impedir que personas con potencial accedan a recursos para invertir, y deteriora las instituciones políticas, al facilitar su captura por élites que promueven políticas contrarias al interés general. La desigualdad del ingreso se vincula estrechamente con la concentración de los activos productivos, como la tierra y el capital físico y financiero, lo que limita aún más las posibilidades de movilidad social.
De acuerdo con los resultados de las encuestas de hogares de América Latina, la brecha del ingreso entre el decil superior (más rico) y el inferior (más pobre) supera las 20 veces. Este patrón de concentración extrema es característico de una forma de desarrollo que se asienta en profundas desigualdades estructurales, que difícilmente pueden reducirse sin políticas redistributivas más intensas y sostenidas.
En lo que respecta al componente de los ingresos por ocupado, los salarios de las personas dependientes contribuyeron, en casi todos los países, a una mejora distributiva. Destacan los casos de México, donde el ingreso asalariado tuvo efecto claro en la mejora distributiva.
En síntesis, el índice de Gini presenta una tendencia descendente en varios países, pero la reducción ha sido modesta y no refleja cambios profundos en los patrones de concentración de la riqueza. La marcada disparidad entre los deciles más ricos y los más pobres pone de manifiesto que el modelo de desarrollo vigente continúa reproduciendo brechas históricas que limitan tanto el crecimiento económico y la cohesión social como el avance hacia el desarrollo social inclusivo.
Las rebanadas del pastel
Resulta que entre los “apartidistas” prianistas dedicados, según dicen, a “rescatar el campo” también hay quienes se dedican al huachicoleo de agua. Detalla la presidenta Sheinbaum: “Hay distritos que tienen concesionada agua para riego y no pagan por el uso porque es para la producción de alimentos –como dice la ley, tratándose de distritos de riesgo–. Bueno, resulta que no la usan y la venden a los municipios y entonces los ves en sus carrazos, camionetotas a los agricultores de algunos distritos de riego porque ganan al año 300 millones de pesos por venderle agua a un municipio. Pues eso no, no puede ser”.
X: @cafevega
