Ciudad de México. Con la finalidad de reactivar la agenda legislativa y se presente una nueva iniciativa que reconozca plenamente a las personas desplazadas internas como sujetas de derechos, el próximo 3 de diciembre en la Cámara de Diputados, la Universidad Iberoamericana (Ibero) presentará su estudio Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2024.
El documento, que fue dado a conocer en la institución en junio pasado, establece que alrededor de 28 mil 900 personas fueron forzadas a huir de sus hogares en 2024.
Lo anterior representa un incremento del 129 por ciento respecto a 2023 y una de las principales causas se relaciona con la violencia criminal, enfrentamientos armados y ataques directos a comunidades.
En la Cámara, además de legisladores y legisladoras, habrá presencia de organizaciones civiles, víctimas de múltiples estados y representantes de Naciones Unidas. La agenda incluye la participación de Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial de la ONU, así como un acto simbólico encabezado por personas desplazadas que entregarán demandas directamente al Poder Legislativo.
La Ibero, colectivos y grupos especializados en desplazamiento interno, desde hace años impulsan una ley general, cuya última propuesta fue desechada el verano pasado.
El escrito agrega que otras causas son conflictos sociales o territoriales así como relacionados con temas ambientales, entre otras.
Asimismo detalla que tan solo Chiapas concentró 61.8 por ciento de los desplazamientos masivos, seguido por Sinaloa (15.5 por ciento), Michoacán (5.4), Chihuahua (5.4)y Guerrero (4.8).
Este análisis elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Ibero desglosa que estos desplazamientos están motivados por “el uso de explosivos y tecnologías como drones cargados en operaciones contra la población civil”.
El documento de 80 páginas refiere que las casi 29 mil personas desplazadas internas se movieron de sus lugares de residencia en 72 eventos de movilidad.
En el caso de Chiapas, de los 24 eventos de desplazamiento interno documentados en 2024, la violencia del crimen organizado predominó en 19 (79.2 por ciento), mientras que cinco episodios corresponden a conflictos sociales o territoriales.
En Chihuahua los ocho eventos de desplazamiento interno estuvieron vinculados con la violencia generada por la criminalidad organizada y en Durango hubo dos eventos vinculados con violencia del crimen organizado.
La Ibero destaca que el diagnóstico muestra “el crecimiento acelerado de una emergencia humanitaria desatendida”. Critica que pese a la magnitud del fenómeno, “México carece de un registro nacional, lo que limita el diseño de políticas públicas y la atención a víctimas.
De cara al Foro convocado en San Lázaro, la ausencia de datos oficiales impide dimensionar el problema, obliga a depender de estimaciones internacionales -como las del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), que reporta 390 mil personas desplazadas- y deja a miles sin acceso a mecanismos de protección o restitución.”
Las relatorías señalan que el desplazamiento se agrava por amenazas, ataques, disputas territoriales, proyectos extractivos, violencia política y conflictos comunitarios.
La Ibero advierte que los actores armados han incrementado el uso de explosivos y drones contra población civil, elevando los riesgos y la frecuencia de expulsiones.
