El intento de la mayoría conservadora del Parlamento de inhabilitar a la ex primera ministra peruana, Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México, fracasó este miércoles al no alcanzar los votos necesarios para el efecto.

Sin embargo, legisladores de extrema derecha pidieron reconsiderar el voto, es decir volver a someter a una nueva votación su afán de inhabilitarla para el ejercicio de cargos en el aparato estatal durante diez años.

La medida exigía el respaldo de dos tercios (68) de los legisladores habilitados para votar, pero sólo alcanzó 63 frente a 13 votos en contra y cuatro abstenciones, tras un intenso debate iniciado con la exposición del abogado de Chávez, Raúl Noblecilla.

El letrado advirtió que iba a ejercer una defensa política, porque, sostuvo, la pretendida inhabilitación política de Chávez era una medida de persecución política y descalificó a la mayoría congresal al acusarla de servir a las élites económicas y ser racista y discriminadora y ejercer una dictadura.

Se preguntó porqué se lanzan contra la ex primera ministra si la desprecian con términos ofensivos que utilizan los poderosos y los acusó de incurrir en traición a la patria por lo que los llamó traidores a la democracia y al pueblo.

Posteriormente, la congresista Patricia Benavides sustentó la acusación que según declaró amerita la inhabilitación, porque Chávez participó en la coordinación del mensaje televisivo en el que el presidente Pedro Castillo dispuso la disolución del Congreso, lo que no fue acatado por las Fuerzas Armadas y la Policía detuvo al mandatario y lo encarceló y el Congreso lo destituyó.

Durante el juicio en su contra, la ex primera ministra declaró que no conocía el contenido del mensaje de Castillo, pese a lo cual es acusada de cómplice de un golpe de Estado fallido.