Ciudad de México. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó este martes que este año restituyó 9 mil hectáreas a pueblos originarios como parte de los Planes de Justicia que impulsa el Gobierno de México. Estas acciones, realizadas a través de la enajenación de terrenos nacionales y del Programa de Atención de Conflictos Agrarios (PADCA), forman parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de atender las demandas históricas de los pueblos indígenas, señaló la dependencia en un comunicado.

La dependencia encabezada por Edna Vega Rangel detalló que cinco comunidades pertenecientes a tres pueblos indígenas fueron beneficiadas. Al Pueblo Wixárika se le restituyeron más de cinco mil 956 hectáreas; al Pueblo Tarahumara (Rarámuri/Ralámuli), tres mil; y al Pueblo Ódami, más de 500.

Los Planes de Justicia incluyen a los pueblos Wixárika en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango; a la Sierra Tarahumara en Chihuahua, que abarca a los pueblos Rarámuri, Ódami, Oichkama y Warijó; así como a los pueblos Yoreme Mayo y Yaqui en Sonora; Chichimeca Otomí en Guanajuato y Querétaro; Chinanteco y Mazateco en Veracruz; P’urhépecha en Michoacán; comunidades de la Montaña de Guerrero; y pueblos Yumano y Cochimí en Baja California.

La Sedatu destacó que, como resultado de este trabajo interinstitucional, cinco comunidades obtuvieron el reconocimiento de su territorio ancestral después de décadas de despojo. Para continuar con la atención, la dependencia desarrolla procesos de análisis y conciliación para avanzar en la restitución de tierras a la comunidad Mala Noche, del Pueblo Ralámuli, y al Pueblo Yaqui mediante la enajenación gratuita y colectiva de terrenos nacionales.

Asimismo, en 2026 se prevé continuar la restitución de superficie a la comunidad San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, del Pueblo Wixárika, así como a la comunidad Cruz del Palmar, en el marco del Plan de Justicia Chichimeca.

Con estas acciones se avanza en el resarcimiento, restitución y titulación de territorios, lo que permitirá que las comunidades ejerzan su derecho al aprovechamiento, cuidado y administración de sus tierras de acuerdo con sus sistemas normativos, según la dependencia.

Para garantizar certeza jurídica, la Sedatu trabaja de manera coordinada con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Estas instituciones participan en la ejecución de nueve Planes de Justicia y Desarrollo Regional dirigidos a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cuyo objetivo es atender demandas de tierra y territorio de manera integral.