México. El gobierno federal incorporará a los operadores de la industria en la revisión y actualización de la Ley de Juegos y Sorteos, anunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que la normativa vigente quedó rebasada por las nuevas modalidades digitales y los riesgos asociados al lavado de dinero.

El objetivo, dijo, es modernizar el marco legal y evitar que casinos y plataformas de apuestas funcionen como instrumentos para operaciones ilícitas.

En su conferencia matutina, explicó que el proceso seguirá un esquema de colaboración similar al aplicado en la reforma a la Ley de Aduanas, con mesas de trabajo previas a la presentación de la propuesta final.

Subrayó que la regulación actual no cubre adecuadamente las apuestas en línea y que este vacío normativo facilita movimientos electrónicos difíciles de rastrear. Añadió que también es necesario reforzar la información al público sobre los riesgos de la ludopatía y fortalecer las disposiciones contra operaciones financieras irregulares.

Sheinbaum recordó que el miércoles pasado se anunció el bloqueo y congelamiento de cuentas de 13 establecimientos y sitios de apuestas presuntamente implicados en lavado de dinero. Una vez concluida esta etapa, dijo, se podrá informar el monto del capital involucrado.

Mencionó las sanciones impuestas por Estados Unidos a diversos establecimientos de juego en México y destacó que, en varios casos, coinciden con los señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de un trabajo coordinado entre ambos gobiernos.

Revisarán a fondo el sistema anticorrupción

La Presidenta consideró necesario revisar a fondo el Sistema Nacional Anticorrupción, al señalar que el diseño vigente “no está funcionando a plenitud”. Recordó que el modelo fue creado en el sexenio de Enrique Peña Nieto bajo una arquitectura institucional compleja que prometía garantizar sanciones frente a casos de corrupción.

Explicó que la dispersión de facultades es uno de los elementos que debe evaluarse para determinar si el sistema actual contribuye a combatir la impunidad. Afirmó que es un buen momento para ajustar el modelo y asegurar que cualquier acto de corrupción reciba castigo.