México. Ante la circulación ilegal y la recuperación del patrimonio documental, el director general del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz Abreu, sostiene que “el tráfico ilícito de documentos históricos no es un delito menor, sino una herida contra nuestra memoria colectiva”, ante la cual la institución ha respondido con acciones concretas.

Con motivo del Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que se conmemora hoy, el AGN organizó esta semana un foro para visibilizar el valor histórico del patrimonio documental y reforzar las estrategias nacionales e internacionales para combatir su saqueo.

En entrevista con La Jornada, la directora de Preservación del Patrimonio Documental del AGN, Mariana Berenice Gayosso Martínez, destacó que en los cuatro años recientes se han implementado acciones específicas para prevenir el tráfico ilícito del patrimonio documental. Estas acciones se han realizado en colaboración con la Dirección de Asuntos Jurídicos para combatir ese problema.

Relató que el tema de prevención se ha redefinido desde las perspectivas de seguridad y protección de los documentos. “Como parte de estas acciones de prevención, actualizamos y rediseñamos los mecanismos de control del acervo histórico; también se ha vigilado más la trazabilidad del préstamo documental para todo el personal que realiza algún proceso especializado”.

Con la finalidad de proteger el acervo que resguarda el AGN, en 2023 la dirección de preservación del patrimonio documental creó el mecanismo de los comisarios, que colaboraron en controlar el acceso a depósitos y mejorar los protocolos de seguridad de los documentos.

En la actualidad, el AGN trabaja en la creación de la Red Nacional de Guardianes del Patrimonio Documental, cuyo propósito es desarrollar acciones para la construcción de vínculos interinstitucionales que colaboren en el monitoreo continuo y que permita la identificación y protección del patrimonio en riesgo.

Gayosso Martínez explicó que han realizado monitoreo de los catálogos de casas de subastas y de páginas de Internet dedicadas a la venta, y recientemente han identificado cuatro documentos sospechosos localizados en Estados Unidos y Hungría, que tienen características de patrimonio documental del país. “Es relevante determinar su pertenencia o si eran de un archivo mexicano; en ese caso será necesario gestionar su recuperación”.

La directora de preservación indicó que en años recientes el archivo ha contratado “profesionistas, como archivistas e historiadores, con del fin de identificar y reconocer, hacer un resumen como un registro e instrumentos descriptivos y de control del acervo histórico”.

Marlene Victoria López Torres, subdirectora para la Protección y Restitución del Patrimonio Documental, comentó a este diario que recientemente se identificaron “muchos temas de sustracción de archivos eclesiásticos, y reconoció que “hay una vulnerabilidad del acervo por sus características”, porque fácilmente se los pueden llevar, aunado a las prácticas que continúan algunas bibliotecas o archivos de no contar con una sala de resguardo separada del área de consulta.

“En algunos archivos se permite la consulta dentro del área de resguardo y esa es una mala práctica archivística que afecta la seguridad de los documentos”. Agregó que las sustracciones del acervo histórico lo realizan personas al interior del archivo que están coludidas con la delincuencia y conocen el valor de los documentos en el mercado para los coleccionistas, situación que reportó La Jornada en su edición del 12 diciembre de 2022.

En el foro conmemorativo del Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, se firmó un convenio entre el AGN y el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de fortalecer la Red Nacional e Internacional de Guardianes del Patrimonio Documental. Esto afianza el compromiso interinstitucional de proteger la memoria documental del país frente al tráfico ilícito.

Este año, el AGN recuperó el documento Libramiento de pago por sesenta pesos de oro del 20 de febrero de 1527, el cual contiene una firma autógrafa de Hernán Cortés, que fue devuelto el pasado 13 de agosto gracias al esfuerzo del gobierno, la FBI y su Grupo de Trabajo Conjunto contra Robos Mayores, y del Departamento de Policía de Nueva York.

También el archivo entregó la Proclamación de Huejotzingo, firmada por fray Juan de Alameda en Huejotzingo, el 24 de junio de 1554, al municipio de esa entidad poblana. Este documento fue recuperado el 21 de mayo por el AGN y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Además, el pasado 5 de noviembre el AGN recibió el documento titulado Villa de Santa Fe, Nuevo México, de la SRE, el cual se repatrió desde Nuevo México, Estados Unidos, para quedar bajo custodia de la institución mexicana.

La pieza cartográfica original del siglo XVIII fue entregada el 23 de septiembre por la FBI a la SRE por conducto del consulado de México en Albuquerque.