“Quiero comentarles que atrás de todo esto, no sé si viva, no sé si no viva, pero va a salir y ustedes verán el nombre de un, anótenle de una vez, sí, en serio, se llama el licenciado Carlos González García, que ha sido enemigo histórico de todo esto que se intenta hacer. Él se levantó, fue a levantar a los pueblos y barrios originarios; él era el que estaba atrás del movimiento en contra de la doctora Claudia, que en ese momento era nuestra jefa de Gobierno”, éstas son algunas de las advertencias que lanzó el pasado 30 de octubre la diputada Judith Vanegas Tapia en una reunión entre legisladores locales y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de Mexico.

Decenas de comunidades originarias, organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos se han pronunciado durante esta semana en contra de la amenaza abierta contra Carlos González, abogado especialista en derecho agrario e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI), red de pueblos surgida a raíz del levantamiento del EZLN. Lo increíble es que ninguno de los pronunciamientos haya merecido hasta el momento una respuesta oficial que garantice la protección del defensor estigmatizado.

La ex funcionaria de la alcaldía Milpa Alta fue más allá en su participación transmitida en vivo: “la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra Presidenta, lo trae debidamente, sabe quién es él, sabe que se va a levantar”, al tiempo que alentó a que el proceso de consulta para el Plan General de Desarrollo se realice con “delicadeza”, lo que signifique para ella y el gobierno esa palabra.

En 2022 el gobierno capitalino pretendía desdoblar la zona urbana de la Ciudad de México y propiciar el despojo masivo de tierras, motivo por el que las comunidades de Milpa Alta y Xochimilco se movilizaron sin necesidad de que “alguien” las levantara. Seguir viendo a los pueblos indígenas como incapaces de tomar decisiones colectivas es una visión racista que desnuda la manera en que desde arriba se les percibe.

El defensor Carlos González no es el enemigo histórico a perseguir, sino el asesor jurídico de muchos procesos comunitarios que deben ser tan respetados, como la vida de él.