Durante la conferencia presidencial de ayer se presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual, un proyecto con siete acciones clave para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia e impulsar un cambio cultural que desnaturalice y erradique las conductas machistas. Las líneas de acción incluyen homogeneizar la tipificación del abuso sexual como un delito grave en todas las entidades federativas; facilitar los procesos de denuncia; campañas de sensibilización y prevención, dirigidas tanto a mujeres como a hombres; capacitar agentes del Ministerio Público, jueces y fiscales con perspectiva de género, e implementar protocolos contra el acoso y el abuso sexual en el transporte público. En este sentido, vale mencionar que la perspectiva de género y la erradicación de la violencia forman ya parte de los contenidos curriculares de la educación básica, por lo que cabe la esperanza de que las próximas generaciones crezcan sin todas las taras misóginas que tanto daño hacen a las mujeres y a la sociedad en general.

En cuanto a la vertiente legal del combate a la violencia de género, destaca que en el Código Penal Federal el abuso sexual comprende actos como tocamientos obscenos, obligar a presenciar actos sexuales o exhibir el cuerpo de la víctima y se sanciona con penas de seis a 10 años de prisión, pero en nueve entidades su tipificación penal no está suficientemente fortalecida y en cuatro no se cuenta siquiera con una definición clara del ilícito. Sin duda, estos vacíos jurídicos contribuyen a la cifra gris de casos que no son denunciados por temor o desconfianza en las autoridades. Si se considera que en lo que va del año se han abierto 25 mil 70 carpetas de investigación por abuso sexual y que éstas representan apenas una muestra de las agresiones, el panorama resulta escalofriante. Por ello, constituye un avance inestimable que se visibilice el problema y se ofrezca una propuesta para atajarlo, pero ese pequeño progreso se produce en medio de una situación asfixiante para millones de mujeres.

Que el tema regrese al centro del debate público debido al acoso sexual del que fue víctima la presidenta de la República evidencia el tamaño de esta lacra: como señaló la mandataria, si hasta ella se encuentra expuesta a estas agresiones, significa que ninguna mujer está a salvo de vulneraciones a su dignidad y a su espacio personal. El repudio a la misoginia y el machismo desde la sociedad, medios de comunicación y organismos tanto nacionales como internacionales puede verse como un reverso positivo del lamentable episodio, en tanto ha amplificado la voz de las mujeres y encendido lo que puede ser un nuevo ciclo de denuncia y saneamiento de todo tipo de instituciones.

Queda pues saludar la decisión de luchar frontalmente y con la fuerza de la ley contra un mal que suele ser minimizado, ocultado o relegado al ámbito privado; muchas veces, por el fundado temor de las víctimas a que hacerlo público redunde en más y peores actos de acoso. Por último, el abuso contra la titular del Ejecutivo y las discusiones a que ha dado pie recuerdan que el arribo a la Presidencia de la primera mujer en la historia no es un punto de llegada, sino de partida en la imperativa búsqueda de igualdad sustancial y de una vida libre de violencia para todas las mujeres.