Guanajuato, Gto. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) debe fiscalizar la compra a sobreprecio de un terreno, que está en una falla geológica, para la Feria de Silao; el predio se compró en 80 millones de pesos, cuando el valor real es de 41 millones 781 mil pesos, lo que implica “corrupción y un desvío”, solicitaron diputados del PVEM y de Morena ante el pleno del Congreso.

Los legisladores del PVEM, Sergio Contreras Guerreo e Itzel Mendo González, así como el diputado de Morena, Ernesto Millán Soberanes, presentaron un punto de acuerdo de obvia resolución para que se aplique una auditoria “específica e integral al proceso de planeación, autorización, licitación, adjudicación y compra-venta del terreno adquirido por el Ayuntamiento de Silao”. La obvia resolución no fue aprobada y fue turnada a la Comisión de Hacienda.

En el punto de acuerdo alertan que “un posible sobreprecio en la compra de un terreno público no solo representaría un atentado directo a las finanzas municipales, sino que también mermaría los recursos que podrían destinarse a otras necesidades apremiantes de la ciudadanía en materia de seguridad, servicios básicos, obra pública urgentes o programas sociales”.

Los legisladores destacaron que es indispensable relacionar la compra con el Atlas de Peligros y Riesgos de Guanajuato para localizar y clasificar la amenaza geológica en los terrenos de la feria. 

A propuesta de la presidenta municipal panista Melanie Murillo, el Ayuntamiento aprobó la compra de un terreno rústico de 48 mil metros cuadrados conocido como “El Cortijo”, ubicado a un costado de la carretera Silao-Romita, remontó en tribuna el coordinador de los diputados del PVEM, Sergio Contreras Guerrero.

Recordó que de acuerdo con el avalúo realizado por J. Guadalupe Hinojosa Navarro, el metro cuadrado tiene un valor de mil 639 pesos, es decir, el predio fue valuado en 80 millones 046 mil 727 pesos.

Los regidores de Morena solicitaron un avaluó al arquitecto Roberto Salazar García quien determinó que el valor del predio es de 41 millones 780 mil 886 pesos, mencionó.

“La compra del terreno se realizó en un costo diferido a 3 años, con un primer pago de 30 millones de pesos, otro de 30 millones el próximo año, y un último de 20 millones en 2027”, ventiló.

“Además de que, al momento de la adquisición del predio, contaba con un adeudo predial de 110 mil 250 pesos. Dicho acto resulta suspicaz y es contrario a derecho, toda vez que, previo a la protocolización de este acto, debió haberse cubierto el adeudo vigente al momento previo a la enajenación del predio”, explicó.

Contreras Guerrero sostuvo que el adeudo del predial genera un crédito fiscal que se garantiza con el propio terreno, lo que “representa una pérdida patrimonial y un menoscabo al adquiriente”.

“Resulta aún más grave, es que en el contrato de compraventa se haya asentado de manera expresa y falsa que el inmueble se entregaba libre de gravamen y responsabilidad”, recriminó en tribuna.

El legislador también resaltó que es preocupante el riesgo existente por la falla geológica en el terreno que se compró para la Feria de Silao.

“El ayuntamiento debió advertir las restricciones para cualquier uso masivo, además de que Protección Civil exige identificar y evaluar riesgos del sitio (incluida falla geológica) y reducirlos antes de autorizar o montar instalaciones, circunstancias que no fueron evaluadas”, resaltó.

Por su parte, el diputado de Morena, Ernesto Millán Soberanes, calificó la compra del terreno como un acto de “corrupción y un desvío de dinero” porque no se licitó, porque se compró a sobreprecio, porque solo se hizo un avalúo.

Preguntó quién se quedó con los 38.2 millones de pesos de diferencia por el sobreprecio de 80 millones, cuando el terreno cuesta 41.7 millones de pesos.

El legislador pidió el voto a favor de la obvia resolución, así como se aprobó una auditoría a la administración (2021-2024) de Silao que encabezó el morenista Carlos García Villaseñor.

Si se vota en contra la obvia resolución mostrarán que la auditoría aprobada para la pasada administración fue por cuestiones políticas y no por una preocupación por las finanzas públicas, alertó.

“Votemos a favor de que se audite, ya nos fregaron el presupuesto de tres años con esta compra”, pidió. La obvia resolución no fue aprobada y el punto de acuerdo se envió a la Comisión de Hacienda.