Ciudad de México. Los cambios constitucionales que el actual gobierno federal realizó en materia energética buscan materializar todos los aspectos de la justicia energética, lo cual incluye que la población tenga precios adecuados en el servicio eléctrico, señaló José Antonio Rojas Nieto, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener).

Al participar en la inauguración del Primer Simposio del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, el funcionario comentó que el cambio al artículo 27 de la Constitución resolvió las tergiversaciones que hicieron los gobiernos anteriores, dejó en claro que los recursos naturales pertenecen a la nación y por lo tanto la gestión de estos es un papel que asume el Estado.

Anotó que en una economía mixta, la participación privada debe ser regulada, pues con la reforma energética de 2013 los privados pidieron más de mil permisos para generar energía.

Resaltó que el modelo actual de energía del país está pensado por lo menos para unos 40 años sin cambios, pero también para impulsar la justicia energética. “¿Qué aspectos involucra la justicia energética? Primero, la cobertura energética, no solo eléctrica”, dijo.

Comentó que la justicia energética también incluye precios adecuados para que la población cuente con energía, pues existe un ambiente de transición energética que ayudará a ello, pero también los subsidios, aunque precisó que hay sectores que reciben esta ayuda por el esquema vigente, pese a que no lo requieren.

Rojas Nieto reconoció que las plantas generadoras de ciclos combinados de la Península de Yucatán tienen problemas para operar, pues el gas que se transporta a través del gasoducto Mayakan no es suficiente, mientras que el gas de Campeche “está contaminado con nitrógeno por las razones obvias”, por lo que tienen que recurrir al uso de diésel.

“No es solo un problema técnico, es un problema social y los precios justos los tenemos que dar en algunos espacios, en algunas tarifas, con algunos mecanismos, con un subsidio a consumidores, ni un peso a las empresas eléctricas, solo a consumidores”, señaló.

Acotó que bajo el Plan México se contempla la instalación de Centros de Datos, los cuales soportarán a la Inteligencia Artificial. No obstante, estos centros de tecnología son altos consumidores, por lo que “no vamos a permitir que todos se concentren en un lugar. Que se concentren donde la temperatura ambiente es de 38 centígrados, ¿para qué? Gastar la mitad en enfriamiento. No, que vayan las zonas frías. Cuidando la transmisión, que vayan las zonas frías. Esa es una responsabilidad de justicia. Somos reguladores no autoritarios, sino reguladores que tenemos que aprender a ser justos”, indicó.

Mencionó que es un mito que con energía eólica y solar se garantice la cobertura eléctrica al 100 por ciento, porque muchos lugares no cuentan con esos recursos naturales, pero es una “responsabilidad constitucional de atender la extensión del servicio energético”.

Comentó que la justicia energética también es un asunto de eficiencia y disponibilidad de recursos, pero también de abatir riesgos que pueda causar la infraestructura.

Resaltó que también es necesario que se respete a los pueblos originarios, lo cual implica que las centrales generadoras de energías limpias estén construidas sobre convenios limpios, sin afectar a pobladores ni a los lugares donde se establecen.