Tlalnepantla. Méx. El alcalde morenista de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, dio a conocer que su gobierno ha presentado 14 denuncias penales contra funcionarios de la administración pública municipal anterior (de la alianza PAN-PRI-PRD) debido a que auditorías aplicadas durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023 arrojaron observaciones por más de 6 mil millones de pesos, además de irregularidades como contratos por adquisiciones y servicios con firmas falsas.
El presidente municipal recalcó que se cometió un daño al erario que perjudicó “gravemente” el patrimonio de las y los habitantes de la demarcación; a través de las revisiones realizadas “al gobierno local, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tlalnepantla y Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM), se determinó un primer reporte de responsabilidades por un total de 6 mil 139 millones, 199 mil 753 pesos” en esos dos años, detalló.
En conferencia de prensa explicó que las auditorías fueron hechas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control y un auditor externo.
Precisó que el OSFEM hizo 98 observaciones por un monto de 3 mil 76 millones 110 mil 800 pesos; la ASF llevó a cabo 13, por 160 millones, 940 mil 303 pesos; el auditor externo comprobó una afectación por mil 231 millones 267 mil 78 pesos y el Órgano Interno de Control detectó irregularidades por mil 670 millones 881 mil 572 pesos.
Trabajos pagados, pero no ejecutados
Pérez Cruz indicó que las investigaciones fiscales fueron desarrolladas durante el presente año y se han encontrado pruebas sobre obras pagadas, pero no ejecutadas, como el caso de los pozos Pirules y Santa Mónica, ubicados en la colonia San Andrés Atenco y fraccionamiento Jardines de Santa Mónica, donde se ejercieron 17.3 y 17.2 millones de pesos, respectivamente.
Se hallaron también más de 40 expedientes de contrataciones públicas de adquisiciones y servicios con la firma falsificada del ex director de Administración (de quien no se proporcionó su nombre) por más de 300 millones de pesos.
Raciel Pérez afirmó que “a pesar de la grave crisis heredada por las anteriores autoridades locales, con responsabilidad financiera se ha logrado hacer obra pública y otorgar servicios a la altura de las demandas de la ciudadanía; sin embargo, de no haber recibido esta importante problemática el avance en Tlalnepantla sería aún más significativo”.
Destacó que han sido llamados a declarar ex servidoras y servidores públicos tanto del OPDM como del anterior gobierno local y será la Fiscalía General de Justicia del estado de México y los órganos de control, los encargados de fincar las debidas responsabilidades.
