Chicago. Las acusaciones sobre condiciones inhumanas en un edificio de inmigración en el área de Chicago son "repugnantes", afirmó un juez este martes antes de escuchar pruebas que podrían llevar a cambios en la instalación a donde han sido enviadas varias personas detenidas por casos migratorios.

El gobierno está acusado de negar a los detenidos el acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica, y de coaccionarlos para que firmen documentos que no entienden. Sin ese conocimiento, y sin comunicación privada con abogados, han renunciado inconscientemente a sus derechos y enfrentado la deportación, alega la demanda.

"Esto no es un problema de no tener un inodoro o una botella de agua Fiji", dijo al juez la abogada Alexa Van Brunt del Centro de Justicia MacArthur. "Estas son un conjunto de condiciones extremas que, cuando se consideran en conjunto, pintan un cuadro desgarrador".

El juez Robert Gettleman presidió la audiencia solo días después de que el grupo de Van Brunt y la Unión Americana de Libertades Civiles de Illinois presentaran la demanda y solicitaran una orden de restricción temporal. El juez calificó las acusaciones de "repugnantes".

"Tener que dormir en el suelo junto a un inodoro desbordado, eso es obviamente inconstitucional", expresó Gettleman.

La abogada Jana Brady del Departamento de Justicia reconoció que no hay camas en el edificio de Broadview, justo afuera de Chicago, porque no estaba destinado a ser un sitio de detención a largo plazo.

Las autoridades han "mejorado las operaciones" en los últimos meses, y añadió que ha habido una "curva de aprendizaje".

"Las condiciones no son lo suficientemente serias", manifestó Brady al juez.

Los principales demandantes en el caso, Pablo Moreno González y Felipe Agustín Zamacona, estuvieron en la sala del tribunal el martes por insistencia del juez. Los migrantes mexicanos, que han vivido en Estados Unidos por más de 30 años, habían estado detenidos en Broadview hasta el pasado viernes, pero permanecen bajo custodia del gobierno.

Testificando con la ayuda de un traductor, Moreno González, de 56 años, relató que fue arrestado la semana pasada mientras esperaba para comenzar a trabajar. Narró que fue colocado en una celda con 150 personas más, sin camas, mantas, cepillo de dientes ni pasta dental.

"Fue realmente malo... Fue demasiado", expresó Moreno González, llorando, al juez.

Durante meses, los defensores han expresado preocupaciones sobre las condiciones en la instalación, que ha atraído la atención de legisladores, candidatos políticos y grupos activistas. Abogados y familiares de personas detenidas allí lo han llamado un centro de detención de facto, diciendo que hasta 200 personas han sido retenidas a la vez sin acceso a asesoría legal.