Zacatecas, Zac. Integrantes del magisterio zacatecano pertenecientes a la Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho” (BENMAC), al Centro de Actualización Magisterial (CAM), de Zacatecas ,así como de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidad 321, quiénes realizan actos de protesta por incumplimiento de pagos desde hace dos semanas, hicieron un llamado urgente este sábado a sus colectivos, a ampararse contra una acción de rescisión de contratos, que tomó este fin de semana el Gobierno de David Monreal Ávila.

El auténtico “sabadazo”, la Subsecretaría de Educación Media y Superior del estado, que encabeza Antonio Reyes Carlos, emitió el oficio SEMS-577/2025, donde instruye a Adriana Vargas Tagle, Subsecretaria Administrativa de la Secretaría de Educación, para que, a partir de este 1° de noviembre, “se den por concluidos los contratos que se encuentran vigentes en las instituciones formadoras docentes”, específicamente la BENMAC, CAM y UPN.

La razón para rescindir esos contratos, argumenta el funcionario de la Secretaría de Educación Pública, se explica en un renglón, en el mismo oficio: “lo anterior derivado de una revisión en la que se encontraron algunas inconsistencias que deben ser subsanadas”.

Sobre esta acción de rescisión de contratos, el abogado Jorge Rada Luévano –cuyo despacho desde el año 2022 ha asesorado y defendido a más de 2 mil maestros jubilados del magisterio zacatecano, a quienes el gobierno de David Monreal Ávila suspendió el pago de prestaciones como pensiones y aguinaldos, sin sustento legal, ahora hizo un llamado a los trabajadores de la educación afectados clon esta nueva medida del gobierno local.

“Nuestro despacho informa que el oficio SEMS-577/2025, emitido el 31 de octubre de 2025 por la Subsecretaría de Educación Media y Superior del Estado de Zacatecas, mediante el cual se instruye la cancelación generalizada de contratos del personal académico, constituye un acto manifiestamente ilegal y violatorio de derechos laborales y constitucionales”, expuso en un comunicado difundido en redes sociales por el abogado.

El oficio de la dependencia “carece de fundamentación, motivación y procedimiento. No establece causa legal, no acredita competencia ni emite notificación individual, y por tanto contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución, al privar derechos sin procedimiento legal previo. Viola el artículo 123 Constitucional y los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Federal del Trabajo, al ordenar ceses sin observar causales ni derecho de audiencia”.

El gobierno de David Monreal Ávila, denunció el abogado Rada Luévano, “desconoce los principios de legalidad, debido proceso y estabilidad laboral, pilares del Estado de Derecho”.

Además, la instrucción girada mediante un oficio “firmada por un encargado de despacho –Antonio Reyes Carlos-, sin facultades expresas para rescindir relaciones laborales, carece de validez jurídica y debe considerarse nula de pleno derecho”.

Asimismo, “la medida anunciada representa una cancelación masiva e intempestiva de contratos en medio del semestre escolar, afectando no sólo el sustento de los trabajadores, sino también la continuidad académica de cientos de estudiantes”.

Por ello, a partir de este mismo fin de semana, se espera que trabajadores de la educación afectados con la medida, se sumen “a la acción jurídica colectiva que nuestro despacho iniciará”, y que comprende amparos indirectos por violación a derechos constitucionales (arts. 14, 16 y 123); denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión de Derechos Humanos por abuso de autoridad y violación al debido proceso administrativo, y “la solicitud a la autoridad jurisdiccional respectiva, de medidas cautelares para suspender la ejecución de esta orden mientras se resuelve su legalidad”.