Desde mayo pasado, los habitantes de San Miguel Xoxtla, Puebla, advirtieron que no dejarían que autoridades del municipio y del gobierno de la entidad continuaran saqueando su agua para enviarla a la capital del estado. Por eso, el 25 de octubre impidieron que continuaran los trabajos de perforación de un Pozo del Bienestar en la unidad deportiva Pavigi.
Las familias de Xoxtla y de municipios vecinos llegaron al lugar sin intimidarse por el despliegue de la policía estatal que resguardaba la zona, evitaron que se pusiera a funcionar la maquinaria y se quedaron en plantón hasta que se desmonte definitivamente la obra.
El gobierno municipal, encabezado por Guadalupe Ortiz Pérez, sostiene que el nuevo proyecto es para suministrar de agua potable a Xoxtla, pero la población de origen nahua sabe que, una vez concluido el pozo, el agua, como en otros casos, tendrá como destino la capital poblana. El activista Pascual Bermúdez Chantes, denunció, en un ambiente de creciente tensión, que hay una abierta criminalización contra los defensores del agua en la región.
La población organizada exige que las autoridades respeten el acuerdo de cabildo que garantiza que no se privatizará el servicio de agua potable y exigieron a la alcaldesa que se retire la maquinaria del deportivo Pavigi para tener certeza de que no se realizará la perforación del pozo. Pero la respuesta institucional sigue siendo la persecución.
Nodo de Derechos Humanos denunció que existe una “intimidación armada directa” contra la población de Xoxtla. La noche del pasado 29 de octubre, señaló la organización, un sujeto no identificado vestido de civil se acercó al plantón pacífico que sostiene la comunidad, “con una pistola desenfundada y apuntando hacia la carpa”. Posteriormente, se advierte en un comunicado, “el agresor se escabulló por el fondo del parque y se refugió con las patrullas de la policía estatal que lo esperaban fuera del parque, junto a la entrada principal. En las patrullas iban ocho elementos, quienes portaban armas largas”.
Criminalizar y reprimir sólo incrementará la protesta. La única solución posible es que las autoridades dejen de lucrar con el agua de las comunidades.
