Es inusual que la presidenta Sheinbaum responda de manera admonitoria a los muchos despropósitos y provocaciones que Donald Trump ha emitido contra ella y contra México. Cabeza fría, es la consigna mantenida expresamente; no caer en el juego tramposo, la idea subyacente.
Esta regla ha tenido una excepción notable, cuyas motivaciones profundas no han sido manifestadas con claridad (es decir, más allá de los cuidadosos comunicados oficiales). México no había protestado por los ataques criminales ordenados por la administración Trump contra embarcaciones en el Caribe que han sido destruidas, y asesinados quienes iban a bordo, en una abierta amenaza armada contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Pero este martes expresó su desacuerdo con ese tipo de ataques en aguas internacionales e hizo llamar al rudo embajador Ronald Johnson para que en oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, expresaran la inconformidad de la Presidencia de México.
¿Qué sucedió, de tal magnitud, para que Sheinbaum actuara así? La información disponible señala que la Armada mexicana rescató o desarrolló labores de rescate de un sobreviviente de la serie de ataques gringos que dejaron 14 muertos en aguas del Pacífico.
¿Por qué las fuerzas marinas mexicanas habrían de intervenir en un rescate que hubiera sucedido en aguas internacionales, presumiblemente cerca de Colombia, otro de los objetivos de desestabilización de la vengativa administración naranja?
A menos que los hechos hubieran acontecido en aguas internacionales cercanas a las mexicanas o, en el peor de los casos, en éstas. Algunos medios de comunicación con sede en Estados Unidos han publicado versiones que mueven a especulación.
La agencia Ap, por ejemplo, asegura que “tras un ataque a una embarcación, los militares (de Estados Unidos) avistaron a una persona en el agua, aferrada a unos restos. Informaron a la Guardia Costera estadunidense y a una aeronave militar mexicana que operaba en la zona sobre la ubicación exacta del sobreviviente, según el funcionario” (una fuente del Pentágono, que habría hablado bajo condición de anonimato).
Sin embargo, añade Ap: “la Armada de México afirma estar buscando a unas 400 millas al suroeste de la ciudad de Acapulco, en el Pacífico, lo que sugiere la posibilidad de que el ataque haya ocurrido lejos de Colombia y más cerca de la costa mexicana. No se aclaró de inmediato la ubicación exacta del ataque, y el Pentágono no proporcionó más detalles”.
La presidenta Sheinbaum respondió, como se ha dicho líneas arriba, de una manera inusual. Seca, podría decirse. Como si quisiese advertir de manera firme a Trump que no explore la posibilidad de actuar en aguas o tierras mexicanas bajo el argumento de la guerra contra el narcotráfico.
La reacción de Estados Unidos fue inmediata. El Departamento de Transporte anunció una serie de medidas lesivas contra la aviación mexicana, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como pretexto argumental. Es una represalia, por el tema de las narcolanchas y la postura mexicana, y otra jugada dañina para México, pues se pretende doblegar a la aviación nacional e imponer nuevas reglas, benéficas para intereses estadunidenses (además de que, en el marco del “cierre gubernamental” en curso, la capacidad operativa en aeropuertos de Estados Unidos ha disminuido notablemente y les cae de perlas reducir o eliminar cierto tipo de vuelos).
Y, mientras el gobierno federal ha llegado a acuerdos con productores de maíz de algunos estados donde hubo bloqueos carreteros y manifestaciones, ¡hasta mañana, con Donald Trump anunciando, minutos antes de reunirse con el presidente de China, que “debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”!
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